La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Enrique Peñalosa y el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, por un presunto detrimento patrimonial de 146.000 millones de pesos en los estudios que se hicieron para la línea del metro.
El contralor distrital, Juan Carlos Granados afirmó que el detrimento se generó al no tener en cuenta los estudios que elaboró la administración pasada, avalada por el Banco Mundial y las universidades Nacional y Los Andes, para estructurar la primera línea del sistema y que se trata de establecer si la administración tomó una decisión acertada en términos de eficiencia y eficacia.
“Queremos determinar si fue una decisión eficaz, eficiente y económica (…) Los recursos del Distrito son del Distrito y no se pueden usar en estudios y dejarlos en anaqueles, a menos de que se compruebe eficazmente que la decisión o la omisión es por razones de mayor eficiencia”, declaró Granados.
El proceso busca recuperar los dineros públicos que presuntamente hayan sido malversados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal.El alcalde de Bogotá y el gerente del Metro deberán comparecer el próximo 29 de agosto a la Contraloría Distrital para que rindan versión libre y detallen las razones de la medida. [single-related post_id="442287"] Según aclaró el contralor distrital, esta investigación no interrumpe los procesos administrativos, y se debe tener lista toda la documentación y estudios en detalle para cumplir el cronograma impuesto por el Ministerio de Hacienda para el convenio de cofinanciación, que busca abrir la licitación del sistema y garantizarlos recursos del Gobierno Nacional para el proyecto.
Enrique Peñalosa aseguró que su desición de cambiar el diseño fue por un asunto presupuesta, dado que el diseño elevado costará menos y será de calidad.“Estamos conminados a dos meses y 10 días de la firma de un convenio, circunstancia que, si no se diere en cumplimiento de los requisitos del Confis, se traduciría en que no tendríamos iniciación del metro, por lo menos no en los próximos años”, agregó el funcionario. [single-related post_id="699661"] En noviembre entrará en vigencia la Ley de Garantías, por el inicio de las campañas electorales, por lo que no se podrán celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos, lo que pone en peligro la adjudicación de recursos. Por ello, Juan Carlos Granados reiteró que: "De no llegar estos documentos estaríamos no sólo ante que no hay unos nuevos estudios, sino que no hay una nueva obra".
