Juez envía a prisión a alcalde de Barbosa
30 de octubre del 2018
A la cárcel fue enviado Edison García Restrepo, alcalde de Barbosa, norte de Antioquia, quien está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos actos de corrupción. Esta decisión que fue tomada por el Juzgado 7 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, también cobija al asesor jurídico y jefe […]
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A la cárcel fue enviado Edison García Restrepo, alcalde de Barbosa, norte de Antioquia, quien está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos actos de corrupción.
Esta decisión que fue tomada por el Juzgado 7 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, también cobija al asesor jurídico y jefe de la Oficina de Contratación, Juan Carlos Castaño Rico; la secretaria de Hacienda, Belén Rendón Estrada; el secretario de Bienestar Social, Luis Fernando Suárez; y la representante legal de la empresa Codeiva, Verónica Olarte.
Además, fue dictada medida de aseguramiento en detención domiciliaria a Duberleny Jiménez, esposa del mandatario municipal; Francisco Luis Madrid Madrid, contratista, y a Carlos
Julio Ramírez, exsecretario de Planeación Municipal.
Según señaló el ente investigador, los procesados se habrían concertado para apropiarse indebidamente de millonarias sumas de dinero del erario municipal y para lograrlo habrían conformado supuestas entidades sin ánimo de lucro con las cuales la alcaldía municipal celebró millonarios contratos con elevados sobrecostos que después fueron a parar a manos de los servidores públicos.
“Entre las entidades fachada que fueron creadas figuran Manos Creativas, Corpoideas, Corporación Construir Ideas y Codeiva, cuyos representantes legales inflaban los contratos por sumas superiores al 50% de los contratos y después de recibir el dinero, supuestamente lo devolvían en efectivo al alcalde
y sus colaboradores. Los investigadores establecieron que el detrimento patrimonial al municipio supera ampliamente los dos mil millones de pesos ($2.000’000.000)”, señaló la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.
Aunque ninguno de los investigados aceptaron los cargos, deben responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de servidor público, cohecho, prevaricato por acción, asociación para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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