Un total de 416 guerrilleros de las FARC y 43 militares colombianos se han beneficiado con medidas de libertad al haberse acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada por el acuerdo de paz entre la guerrilla y el Gobierno, informó el martes la Secretaría Ejecutiva de ese sistema judicial.
"De los 416 guerrilleros, 56 recibieron la libertad condicional, mientras que los demás fueron beneficiados con indultos y amnistías y otros 11 fueron trasladados a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) para iniciar su proceso de retorno a la vida civil", informó la Secretaría Ejecutiva de la JEP.
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Según la información, a la fecha 43 militares han recibido el beneficio de la libertad transitoria y se han hecho tres traslados a unidades militares, mientras 749 militares han firmado las actas para acogerse a la JEP, que los ampara bajo la figura de "trato diferenciado para integrantes de la Fuerza Pública".
Al día de hoy "1.732 guerrilleros han firmado el acta de compromiso que es necesaria para poder acogerse a esa jurisdicción", añadió el boletín.De acuerdo al Acuerdo Final del Paz firmado por el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), cada uno de estos casos llegará al Tribunal Especial para la Paz y será de conocimiento de los magistrados, quienes determinarán las penas que se impondrán.
La JEP fue creada para procesar únicamente a los actores de crímenes asociados con el conflicto armado.Pero el Tribunal Especial aún no entra en operación y sin embargo se han dado excarcelaciones, lo que ha abierto la polémica. El Gobierno sostiene que la libertad condicionada no implica vacancia judicial ni que los jueces actúen de manera irresponsable. Uno de los casos más polémicos se dio el jueves cuando un juzgado de Bogotá concedió libertad condicional a un miembro de las FARC detenido por el atentado en un exclusivo club de Bogotá que se cobró la vida de 36 personas en febrero de 2003. [single-related post_id="666012"] Otro fue la libertad condicional concedida al general Jaime Humberto Uscátegui, quien cumplía pena por su complicidad en la masacre de Mapiripán el 20 de julio de 1997, cuando las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia degollaron a 49 personas en ese municipio del centro del país. Uscátegui pidió acogerse a la JEP para evitar cumplir con la condena de prisión de 37 años que cumplía.
Justamente se ha contemplado que guerrilleros y militares acusados de crímenes de lesa humanidad no puedan ser acogidos por la JEP.Con información de Sputnik Noticias.
