Al parecer por venderle información a la cúpula del Clan Úsuga para evitar su captura o para atentar contra investigadores y fiscales que adelantan investigaciones en su contra, el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al patrullero de la policía, Walter de Jesús Ardila Orrego.
Según las investigaciones el uniformado, que fue capturado este viernes en la sede de la Interpol en Bogotá, donde laboraba como investigador de delitos de trata de personas, cobraba grandes cantidades de dinero por datos específicos como dónde iban a llevar a cabo los operativos contra el grupo delincuencial, por lo que muchos de los cabecillas lograron escapar del cerco policial.
La captura de Ardila la llevaron a cabo unidades de la Dijín de la Policía, que le hicieron seguimiento durante varios meses por orden de un fiscal de la Dirección Nacional Contra el Crimen Organizado.
De acuerdo con la investigación, Ardila Urrego también habría transportado más de 30 armas de fuego de corto y largo alcance desde Medellín hasta el municipio de Girón (Santander), para liberar por la fuerza a varios cabecillas de la citada estructura criminal que se encuentran recluidos en la cárcel Palo Gordo de esa población. El asalto armado fue abortado gracias a la información que este hombre le dio al grupo.
Los investigadores establecieron además que a comienzos del año 2013 vendió información en una memoria USB que contenía datos y coordenadas sobre la ubicación de Francisco José Morelo Peñate, alias el Negro Sarley, segundo cabecilla del Clán Úsuga en la zona de Urabá. La información evitó la captura del cabecilla, pero el 24 de abril del mismo año fue abatido por las autoridades en el municipio de San Pedro de Urabá.
El patrullero también es investigado por entregar información confidencial sobre la ubicación de altos oficiales de la policía, unos activos y otros en retiro, así como de fiscales e investigadores que hacen parte de la Operación Agamenón, para perpetrar atentados en su contra, al parecer, dentro de los policías del que vendieron información estaba el general Luis Eduardo Martínez.
El procesado no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secretos.
