En la mañana del pasado jueves 17 de mayo la Jurisdicción Especia para la Paz (JEP) tomó la decisión de suspender de manera temporal la extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos. Después de que Norteamérica oficializó el pedido, el ente nuevamente frenó el proceso.
La Sección de Revisión de la JEP anunció que el "pasado 8 de junio envió a la Corte Constitucional la actuación correspondiente a la aplicación de la garantía de no extradición solicitada ante el Tribunal por el señor Seuxis Paucias Hernández".
Es decir, que nuevamente la JEP pausó los términos de este trámite hasta que la Corte Constitucional de la última palabra sobre el conflicto de competencias con la justicia ordinaria que ya había planteado la Fiscalía.
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El ente investigador asegura que este no es un caso de su competencia, mientras que la JEP asegura que sí por lo configurado en el Acto Legislativo 01 de 2017. Este especifica que es decisión de la JEP establecer si los delitos fueron cometidos antes o después de la firma del acuerdo.
Pero la Fiscalía cree que esta decisión está en manos de la justicia ordinaria. La JEP argumentó que la decisión se adoptó en cumplimiento del acto emitido el 1 de junio de 2018 por el magistrado Alberto Rojas, de la Corte Constitucional, con ocasión del alegado conflicto de jurisdicciones invocado por la Fiscalía. Será él el encargado de definir quién es el encargado en este caso.
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Además de este conflicto de competencias, también hay una tutela por parte de Santrich en la que pide que todos los actos en contra suya por parte de la Fiscalia sean anulados. De este proceso se encargará el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, de la Corte Constitucional.
Por ahora, Santrich permanece en la cárcel La Picota al sur de Bogotá por orden del Ministerio de justicia luego de que las autoridades evaluaran su estado de salud. El exguerrillero se encontraba recluido desde el pasado 10 de mayo en la casa Caminos de Libertad, en el barrio La Candelaria, donde estaba bajo el cuidado de la Conferencia Episcopal.
