Las ONG Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) presentaron este sábado un informe dirigido a la
Las ONG Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) presentaron este sábado un informe dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde se documentan 164 casos de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por integrantes del Ejército de Colombia entre 2002 y 2008 en la región Caribe al norte del país.
“Incluyen los casos documentados en informe presentado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad el pasado 7 de marzo”, mencionaron las organizaciones en el informe.
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Las organizaciones detallan que, si bien en varios de los casos, conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’, se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de los máximos responsables.
“Se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor de la X Brigada y la I División del Ejército Nacional. Igualmente, se pedirá a la JEP adoptar acciones para garantizar la efectiva reparación de las víctimas”, detallan Cajar y CSPP en su informe.
El informe titulado ‘Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia’, describe que algunas de las ejecuciones extrajudiciales se habrían dado en periodos en los que uno de los comandantes de brigada era el general Nicacio de Jesús Martínez, quien a principios de este mes fue ascendido a general de cuatro soles y se desempeña como comandante del Ejército de Colombia.
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Las ONG detallaron que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron tanto indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, como campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de vulnerabilidad como habitantes de calle, población recicladora y personas con algún tipo de adicción.
“Su objetivo es que la JEP contribuya al propósito de reconocer que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, no eran delincuentes y que sus muertes no fueron legítimas”, mencionaron las ONG.
Cajar y CSPP indicaron que esperan que la información sirva como medio de contrastación de las versiones voluntarias de los exintegrantes del Ejército que han comparecido para aportar a la verdad ante el sistema de justicia.
