Cúcuta, Bucaramanga y Medellín son las ciudades que más inmigrantes venezolanos han recibido en los últimos años. Por eso, la Alcaldía de la capital antioqueña, por medio de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, pide al Gobierno Nacional instrucciones para el manejo de esta creciente población, ya que su registro es cada día más complicado.
Así lo dijo el secretario de ese despacho, Luis Bernardo Vélez, luego de asistir a una sesión plenaria del Concejo en el que se le hizo seguimiento al tema y que fue citada por la bancada liberal, en cabeza de la concejal Aura Marleny Arcila; y del Partido de la U, bajo el liderazgo del concejal Jesús Aníbal Echeverri.
[single-related post_id="702373"]
En su intervención, el secretario Vélez, informó que la administración municipal ha atendido en lo que va de 2017 a 56 venezolanos en los programas sociales de su dependencia, pero afirmó que hay un subregistro alto, debido a que en la ciudad no existe una Oficina de Migración de la Cancillería colombiana. Además, la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social y la Agencia de la ONU para los refugiados -ACNUR- también los atiende.
"Es necesario saber cuántos son niños, cuánto adultos y personas mayores, cuántos son venezolanos de nacimiento y cuántos tienen origen colombiano, para saber cuáles son las rutas de atención para esta población", manifestó.Además, hizo un llamado a los empresarios, para evitar el subempleo y la explotación laboral de los venezolanos que están llegando a la ciudad. [single-related post_id="685961"] "Necesitamos que el Gobierno Nacional nos dé una orientación sobre el manejo de estos ciudadanos y no diga qué debemos hacer con ellos. Acá no hay una caracterización, un sistema de información de migración que nos dé cuenta de qué está ocurriendo día a día con estas personas, no tenemos un censo actualizado y cada depedencia tiene diferentes reportes", manifestó. En materia de ayuda humanitaria se les están ofreciendo albergues de la Unidad de Víctimas que atienden a personas que han sufrido desplazamiento forzado. Pero estos lugares son temporales, porque la ley obliga a que no sean permanentes. También, aseguró Vélez, que se requiere que el Gobierno informe sobre la situación legal de cada uno de los ciudadanos venezolanos, para definir si están debidamente registrados o tienen visa laboral, "porque mientras ellos sigan en la ilegalidad y en la informalidad, se van a presentar circunstancias preocupantes sobre abusos de los empleadores", aseguró. "Esto es un asunto humanitario y necesitamos ayudarles porque Venezuela es un país hermano", concluyó el funcionario.
