La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó este sábado que su Oficina ha recibido denuncias de muertes de manifestantes que habrían sido causadas por las fuerzas públicas de Bolivia, por lo que urgió a las autoridades a garantizar la integridad y el derecho a la vida de quienes protestan por el cambio de Gobierno en el país.
En un comunicado, Bachelet reportó que el viernes murieron por lo menos cinco manifestantes en Sacaba, Cochabamba, “presuntamente a consecuencia del uso de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad”.
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“Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 sólo en los últimos seis días”, señaló.
Uso desproporcionado de la fuerza
“Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”, abundó la Alta Comisionada.
Luego de condenar las muertes, Bachelet afirmó que implican un peligro extremo puesto que lejos de apaciguar la violencia “es posible que la empeoren”.
“Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos”, dijo.
País dividido
Agregó que el país está dividido y que existe indignación en los distintos sectores del espectro político.
“En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible”, insistió Bachelet.
Expresó gran inquietud no sólo por los muertos y centenares de heridos, sino porque se han registrado múltiples arrestos y porque habría más de 600 personas detenidas desde el 21 de octubre, “muchas de ellas durante los últimos días”.
La Alta Comisionada llamó a las autoridades a revelar el número de personas arrestadas, heridas y fallecidas durante las protestas e instó a investigar con celeridad, imparcialidad, profundidad y transparencia los hechos para que haya una rendición de cuentas de los responsables.
Además, las conminó a abstenerse de emplear a las fuerzas militares en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas.
“Esta situación no será resuelta por medio de la fuerza y la represión. Todos los sectores tienen el derecho a hacer oír sus voces, cuestión fundamental para la democracia. Insto a todos los actores, incluyendo a los manifestantes, a que renuncien a la violencia para transitar hacia una solución pacífica a la crisis actual”, concluyó Bachelet.
La crisis
Bolivia celebró elecciones presidenciales el pasado 20 de octubre. Tras suspender durante más de 24 horas el recuento, el Tribunal Supremo Electoral dio como ganador al presidente Evo Morales sobre su contrincante el expresidente Carlos Mesa con una ventaja suficiente para evitar una segunda vuelta de votaciones.
Una delegación de la Organización de los Estados Americanos que monitoreó y auditó los comicios reportó irregularidades durante el proceso.
Los días que siguieron a las votaciones fueron de manifestaciones en contra y a favor del Gobierno en las que empezaron a registrarse actos de violencia a medida que pasaron los días. Las movilizaciones continúan hasta el momento y la cifra de muertos ha aumentado a cerca de 20. Los heridos suman centenares.
El domingo 10 de noviembre por la mañana el presidente Morales comunicó que se realizarían nuevas elecciones pero más tarde los responsables del Ejército le “sugirieron que renunciara” para que el país lograra pacificarse.
Evo Morales renunció al Ejecutivo y denunció un golpe de Estado, además de agresiones contra sus ministros y las familias de éstos, así como contra la suya. Actualmente se encuentra asilado en México.
El Gobierno de Bolivia quedó acéfalo varios días hasta que el 13 de noviembre, la vicesecretaria del Senado por un partido opositor, Jeanine Áñez, se proclamó presidenta interina del país sin contar con el quórum requerido por ley. El partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo, mantiene la mayoría parlamentaria.
El 14 de noviembre, después de realizar consultas con varias partes, el diplomático Jean Arnault viajó a Bolivia en calidad de enviado personal del Secretario General de la ONU, António Guterres, para apoyar los esfuerzos en busca de una solución pacífica a la crisis.
Con información de la ONU
