Para la ONU sí hay sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales que suceden casi a diario en el territorio nacional desde la firma del Acuerdo de Paz. Ese fue uno de los anuncios de Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, luego de su visita a Colombia.
Durante los 14 días que el funcionario estuvo en el país, realizó varias reuniones con organizaciones y líderes sociales para evaluar la situación de vulnerabilidad, amenazas y violencia que presentan estos actores por la labor que desempeñan.
La primera conclusión es la confirmación de una sentencia que se ha repetido en los últimos años: "Desde la aprobación del Acuerdo de Paz en Colombia hace dos años aumentó de manera dramática el número de asesinatos, amenazas y actos de intimidación a defensores y defensoras de derechos humanos en el país".
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Además agregó que “existe un patrón de ataque sistemático", dadas las zonas donde están siendo victimizados los líderes. Incluso, la tasa de asesinato de defensores de derechos humanos crece mientras que la de otro tipo de víctimas se ha reducido en cerca de un 40%.
Por eso el relator Forst instó al gobierno para que proteja a los defensores. "Colombia está pasando la página de décadas de violencia armada, existe una responsabilidad colectiva e histórica de proteger a aquellos que dan su vida para la realización de los derechos humanos y la construcción de la paz", dijo.
“En las áreas rurales, donde la ausencia del Estado se junta con una numerosa presencia de grupos armados organizados e ilegales, los defensores y defensoras son un blanco fácil para quienes ven en ellos y en su agenda de derechos humanos un obstáculo para sus intereses”, advirtió el relator. “Me sorprendió saber que por 100 dólares podías “salirte con la tuya”, o al menos contratar a un asesino a sueldo (sicario)”.
Asimismo, del análisis de las reuniones con más de 200 líderes, Forst consideró que las personas que están en mayor riesgo son los líderes sociales, comunitarios y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, además de aquellos que se han acogido o apoyan las políticas derivadas del Acuerdo de Paz como la sustitución de cultivos ilícitos o la restitución de tierras.
Por último reconoció la nueva política de protección del gobierno, pero estableció algunas recomendaciones para que se avance, no solo en la protección, sino en el esclarecimiento de los delitos porque no habrá seguridad mientras persista la impunidad, señaló.
