En los últimos días ha surgido una preocupación por parte de la opinión pública: el asesinato de cientos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. Lastimosamente la atención que recibió este tema se debe a declaraciones como la de Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, que calificó algunos de estos hechos como "líos de faldas".
Ante esta situación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por el alto número de asesinatos y criticó la postura de varios funcionarios del estado:
"La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo".
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Uno de los hechos que cuestionó la entidad es la situación de los magistrados elegidos para hacer parte de ka Jurisdicción Especial para la Paz, en especial el régimen de inhabilidades con el que se busca evitar la posesión de algunos togados.
"Recientemente, miembros del Congreso de la República descalificaron a los y las defensoras que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado, lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho".
También se refirió a las palabras del ministro Villegas, que también asegura que las cifras son menores a las entregadas por organizaciones sociales: "Otros altos funcionarios públicos han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. Esto es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables".
"El asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia es muy grave, dado que afecta a la población más vulnerable del país. Estos asesinatos se cometen en lugares donde la presencia del estado es limitada y las personas no tienen acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos. Las consecuencias del asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos son más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del gobierno", añade el comunicado.
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