El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la acción popular que exigía detener el plan del Gobierno para vender el 57.6% de la empresa generadora y comercializadora de energía Isagen. Dicha porción pertenece al Estado y, al considerar que su negociación pondría en peligro el patrimonio público, la justicia decidió conceder la medida cautelar provisional para detener su venta.
Abogados que también defienden al expresidente Álvaro Uribe fueron los que interpusieron la acción popular a inicios de agosto.
