Después de ser conciliada en el Congreso pasó a sanción presidencial la ley anticontrabando, que amplía las penas de prisión y las sanciones contra los contrabandistas.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, celebró la aprobación de la iniciativa y denunció que hubo presión por parte de bandas delincuenciales para que no se debatiera el proyecto en el Congreso.
El jefe de la cartera económica sostuvo que esta iniciativa "tocaba muchas fibras sensibles" y enfrentó la oposición de organizaciones de contrabandistas.
"El país no tolera el contrabando, debemos declarar la guerra absoluta al contrabando, cero tolerancia frente al contrabando. El contrabando destruye empleo, destruye empresas", afirmó.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esta actividad ilegal mueve anualmente sumas de dinero equivalentes al 2 % del producto interior bruto (PIB) y al 10 % de las importaciones.
Mauricio Cárdenas destacó que la iniciativa legislativa le permite a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) investigar esta actividad ilegal a partir de transacciones financieras.
Igualmente destacó que esta ley castiga con penas de cuatro a ocho años de cárcel y multas de hasta el 300 % del valor aduanero de los bienes a quienes importen, comercialicen y transporten productos de contrabando.
Además las penas se aumentarán hasta en un 50 % para quienes vendan confecciones, combustibles, calzado, papa, cebolla y productos de cuero de contrabando, entre otros.
"Se va a sancionar de forma mucho más severa a los funcionarios que ayuden a los contrabandistas. Antes podían pasar de agache con una multa, ahora irán a parar a la cárcel", agregó.
Con esta iniciativa legislativa el Gobierno le da al contrabando un tratamiento similar al de lavado de activos, explicó.
Por ejemplo, para el contrabando "de gran escala", es decir, cuya mercancía supera los 120 millones de pesos (unos 47.000 dólares), habrá penas de prisión por hasta 16 años de cárcel.
"El contrabando es la otra cara de la moneda del narcotráfico. Salen las drogas del país y regresan esas drogas convertidas en mercancía barata, mercancía que no paga impuestos", aseveró Cárdenas.
Además se amplía el número de sujetos que se consideran partícipes de este delito, como los transportistas y los vendedores de productos.
Por causa del contrabando el país deja de recibir anualmente unos 2,9 billones de pesos en impuestos (unos 1.137 millones de dólares), dinero que se deja de invertir en proyectos de desarrollo, según la DIAN. Con información de la agencia de noticias EFE.
