En el caso que se adelanta en el juzgado Penal de Conocimiento de Bogotá contra Tomás Villadiego, Alessandro Corridori, Álvaro Tirado, Claudia Jaramillo y María Eugenia Jaramillo por el desfalco a Interbolsa, prescribieron oficialmente los delitos de falsedad de documento privado, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir.
De esa manera, los implicados en este desfalco solo serán investigados por la justicia colombiana por los delitos de manipulación de especies, captación masiva y habitual y administración desleal, que podrían prescribir en tres meses. Esta situación ya había sido advertida Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, debido a repetidas dilataciones dentro de la investigación.
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La situación de aparente 'dilatación' del proceso ocurrió el pasado jueves 18 de octubre, cuando los implicados en el caso Álvaro Camaro y Alessandro Corridori acudieron a los juzgados de Paloquemao sin sus respectivos abogados, por lo que el juez del caso ordenó que la Defensoría del Pueblo enviara a defensores de oficio.
Aunque la Defensoría envío abogados de oficio para atender la situación, planteó que los procesados en el caso tienen la capacidad de pagar abogados de confianza. Mientras que los abogados enviados aseguraron no poder actuar en el caso, aludiendo un aparente conflicto de intereses.
Por este proceso de prescripción de delitos, la Juez 33 Penal de Conocimiento de Bogotá aplazó la audiencia contra doce implicados en este descalabro financiero para el próximo lunes 22 de octubre debido a la ausencia de abogados de confianza.
La Superintendencia Financiera Colombiana inició las investigaciones en 2012 y en 2013 entró la Fiscalía al caso, encontró que Interbolsa ofrecía acciones en el Fondo Premium de Curazao que solo era un “elaborado esquema financiero y societario” para beneficio de los administradores y no de los clientes.
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