En medio de las investigaciones del caso de corrupción de la Ruta del Sol, en el que está implicada la firma Odebrecht y el Grupo Aval, el Procurador Fernando Carrillo decidió aclarar los vínculos que tuvo con esta empresa en el pasado.
El actual jefe del Ministerio Público admitió un contrato con la empresa Adminegocios & Cía. S.C.A. para realizar una consultoría "para la promoción y comercialización nacional e internacional del Edén Centro Comercial, perteneciente a la OLCSA", (Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de Grupo Aval), aseguró Carrillo.
Aseguró que ninguna de las actividades de dicho contrato tuvo que ver con las funciones jurídicas de control o intervención que le atribuyen al Procurador, y que "tampoco tuvieron que ver directa o indirectamente con las empresas vinculadas con la Concesión Ruta del Sol 2, y menos con los actos de corrupción hoy cuestionados. No contemplaba ningún tipo de conceptos o asesorías de carácter legal", afirmó.
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Carrillo argumentó que ese vínculo contractual con la empresa no es impedimento para el cargo que ostenta en la actualidad, así como tampoco genera conflicto de intereses para las investigaciones en las que el Grupo Aval de Sarmiento Angulo se encuentra relacionada, como es el caso de la Ruta del Sol II.
Según explicó, esta aclaración se dio porque "en los últimos días personas han preguntado por asesorías o trabajos llevados a cabo con anterioridad al ejercicio del cargo", para desestimar su imparcialidad y transparencia respecto al caso.
El Grupo Aval ha sido cuestionado por su participación en la construcción de la Ruta del Sol II, junto a la multinacional Odebrecht, que, en los últimos días y gracias a pruebas dejadas por el Controller de Corficolombiana en el contrato, Jorge Enrique Pizano, se descubrió que este había informado desde el 2015 de varias irregularidades en el pago de contratos ficticios por altas sumas de dinero, que eran realmente las coimas que pagaban las compañías.
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Dentro de ese proceso también resultó cuestionado el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por lo que el procurador Carrillo ha apoyado la solicitud de nombrar un fiscal Ad Hoc para la investigación de este caso de corrupción que podría superar los 65 mil millones de pesos.
