El procurador general Alejandro Ordoñez hizo duras críticas al Gobierno, y en especial al presidente Juan Manuel Santos, sobre un supuesto fraude en camino, a propósito de la realización del plebiscito el próximo domingo 2 de octubre, con el que se pretende refrendar los acuerdos de paz con las Farc.
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“La directiva emitida por el presidente, la política de extorsión y chantaje que el Gobierno implementa contra las autoridades regionales, los contratistas y las empresas privadas; la utilización de los recursos del Estado de forma indebida demuestran que frente al plebiscito hay un fraude en marcha, que me corresponde denunciar“, aseguró.
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Según señaló el jefe del Ministerio Público, con las campañas se está contrariando las disposiciones legales.
"Se pretende cabrestear al ciudadano a una determinada opción. No puede identificarse el voto por el sí con el sí a la paz. La decisión de la Corte Constitucional es clarísima: aquí no se está votando por la paz, se está votando es por un acuerdo Santos-Timochenko".
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Ordóñez denunció, además, que algunos alcaldes y gobernadores temen consecuencias si no respaldan la campaña por el sí.
"Están atemorizados. Temen que se castiguen sus departamentos y municipios con reducción de recursos públicos".
En ese sentido, para el Procurador, la directriz sobre el mecanismo de refrendación de los acuerdos, “constituye una descarada violación al ordenamiento jurídico y una abierta invitación del presidente a los servidores públicos para que violen la Constitución y la Ley".
Asimismo, se refirió al reciente pronunciamiento de Santos.
“Doctor Santos, el Presidente de la República está obligado a respetar la Constitución. Por más que usted lo diga, el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana y si lo hace es porque ya no estamos en una democracia sino en una dictadura”.
Finamlente hizo un llamado para que todos aquellos que sean presionados para votar por una u otra opción, denuncien ante las autoridades competentes.
“No pueden los funcionarios públicos presionar a otro funcionario público o a cualquier ciudadano para votar en un determinado sentido (…) Los ciudadanos deben acudir al Ministerio Público, a los órganos de control, al Consejo Nacional Electoral. Contratistas, si los están presionando, acudan a las autoridades. Funcionarios públicos, si su permanencia depende de apoyar una u otra opción, acudan a los organismos de control".
