Aunque en 2013 el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se hundió en el Concejo de Bogotá, el entonces alcalde de la capital de la República, Gustavo Petro, lo expidió por decreto, con el que según afirmaba, buscaba darle la pelea a la segregación que padecían los habitantes más pobres de la ciudad.
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Tres años después la Procuraduría General de la Nación lo suspende e inhabilita por 12 meses para ejercer cargos públicos, por las irregularidades que consideró, se presentaron en ese momento.
"Su actuar voluntario no da más espacio que para considerar que este elemento debe hacer parte de la dosificación de la sanción a imponer", dice la decisión. En ese sentido, el organismo de control determinó que los mandatarios locales pueden tomar este tipo de resoluciones, en caso de que el cabildo no se pronuncie.
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De acuerdo con el Ministerio Público, como Petro no está actualmente en ese cargo, la sanción se convierte en sueldos devengados que deberá cancelarle a la Nación. Según el pliego de cargos cometió una falta grave a título de dolo.
"Este despacho encuentra que el sancionado tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta, comoquiera que pese a las advertencias sobre el caso y de un simple análisis normativo podía determinar la ausencia de su competencia para adoptar la modificación excepcional del POT, optando por desconocer estos avisos y procediendo a emitir el acto administrativo que le estaba vedado en las circunstancias en que se presentaron los hechos".
En la actualidad, en el Consejo de Estado analizan una ponencia que busca tumbar la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 15 años por el cambio en el esquema de basuras de la capital de la República.
