El senador del Polo Democrático Jorge Robledo escribió una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos en la que le pide no tratar "como criminales sino como ciudadanos", a los pequeños mineros.
Según Robledo el desempleo y la pobreza que sufren estos trabajadores "ocurre porque el gobierno ha llevado su persecución en contra de los pequeños y medianos mineros informales a agresiones nunca vistas en el país, tratándolos como criminales y negándoles sus más elementales derechos democráticos procesales, en bárbara violación del debido proceso, de la Constitución y de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia".
El senador considera que las condiciones de los pequeños y medianos mineros, al igual que las de quienes viven del comercio minero y otras actividades vinculadas "se han complicado en grado sumo".
En la carta agrega que para hacer frente a la problemática el gobierno recurrió a una maniobra ilegal. "Conocedor de que la Constitución y las leyes de Colombia no permiten dinamitarles los equipos a los pequeños y medianos mineros del oro como se viene haciendo, el gobierno recurrió a la maniobra ilegal de autorizar su destrucción mediante la manipulación de un acuerdo internacional, de forma que la Policía actúa como investigador, fiscal, juez y verdugo que ejecuta la pena. Y para colmos, el ministerio de Minas impuso que quien posea oro o esmeraldas no se presume inocente sino criminal y puede decomisársele el mineral".
Esta es la carta completa:
Señor Presidente:
Las difíciles condiciones de los pequeños y medianos mineros, al igual que las de quienes viven del comercio minero y otras actividades vinculadas, se han complicado en grado sumo. Ha aumentado el desempleo y la pobreza en las zonas productoras, comercializadoras y transformadoras de oro y esmeraldas. Incluso, hay hambre entre muchas familias del sector.
Este drama lo viven miles y miles de colombianos, no criminales como falaz y con propósitos inconfesables afirma la propaganda oficial, sino honrados y trabajadores que se ganan la vida en estos duros oficios, en muchos casos con tradiciones heredadas de sus padres y abuelos.
Esto ocurre porque el gobierno ha llevado su persecución en contra de los pequeños y medianos mineros informales a agresiones nunca vistas en el país, tratándolos como criminales y negándoles sus más elementales derechos democráticos procesales, en bárbara violación del debido proceso, de la Constitución y de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia.
Conocedor de que la Constitución y las leyes de Colombia no permiten dinamitarles los equipos a los pequeños y medianos mineros del oro como se viene haciendo, el gobierno recurrió a la maniobra ilegal de autorizar su destrucción mediante la manipulación de un acuerdo internacional, de forma que la Policía actúa como investigador, fiscal, juez y verdugo que ejecuta la pena. Y para colmos, el ministerio de Minas impuso que quien posea oro o esmeraldas no se presume inocente sino criminal y puede decomisársele el mineral.
A la par que así se trata a los pequeños y medianos mineros colombianos, a la gran minería, casi toda extranjera, el gobierno le concede las ventajas más insólitas y cambia las leyes a su favor, con lo que puede proceder contra el interés nacional. Razón tienen los pequeños y medianos mineros cuando denuncian que la persecución en su contra busca que toda la riqueza minera quede en manos de las trasnacionales.
Ante estos hechos, se comprende por el 18 de febrero se realiza un paro en las zonas mineras y vinculadas a ellas, justa protesta que adoptará formas diversas.
La razón de esta carta, señor Presidente, es expresarle mi profundo desacuerdo con la política minera del gobierno y cordialmente invitarlo a que la rectifique, de manera que puedan operar todos los diferentes tipos de minería, y hacerlo en adecuadas condiciones ambientales, laborales, tecnológicas y económicas.
