El Gobierno Nacional habilitó a los alcaldes y gobernadores del país para que asuman el pago de servicios públicos de sus ciudadanos durante la cuarentena con la expedición del decreto 517.
Con esta medida se pretende que los colombianos tengan un alivio económico durante el aislamiento preventivo obligatorio que decretó el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus en el país.
Sin embargo, el decreto pide que se garantice el pago a las empresas prestadoras de tales servicios para evitar que colapsen financieramente.
El artículo 7 de la norma decreta que las “entidades territoriales podrán asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos de energía eléctrica o de gas combustible de los usuarios dentro de su jurisdicción”.
A través de esta norma también se autorizó un aporte voluntario "Comparto mi energía" para que los usuarios de estratos 4, 5 Y 6, y los usuarios comerciales e industriales, podrán efectuar un aporte voluntario dirigido a otorgar un alivio económico al pago de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.
También faculta a las personas pertenecientes a los estratos 1 y 2 puedan diferir el pago de los servicios de agua y luz que no puedan pagar durante la cuarentena hasta por 36 meses.
Esta medida fue anunciada por el presidente Iván Duque la semana pasada durante su programa ‘Prevención y acción’ como un alivio económico para las familias que no puedan pagar los servicios durante el aislamiento.
"Aquellos colombianos de estrato 1 y 2 que no puedan pagar su recibo durante el próximos meses podrán diferirlo a 36 meses", explicó el ministro de Vivienda, Jonanthan Malagón cuando se hizo el anuncio.
