Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue imputado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el entramado de corrupción que habría desviado millonarios recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Pese a los señalamientos, González no aceptó los cargos.
La audiencia se realizó de forma virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, presentó la imputación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
De acuerdo con la Fiscalía, González habría solicitado al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, la entrega de contratos por $60.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle. El objetivo, según el ente acusador, era asegurar apoyo en el Congreso para los proyectos legislativos del Gobierno.
"Usted, señor Carlos Ramón, solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, entregar contratos por $60.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. La finalidad era obtener apoyo a los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso", aseguró el fiscal Sandoval durante la diligencia.
Además, ante la presión de los congresistas por recibir los recursos, González habría pedido modificar la modalidad de entrega. “Durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta a Iván Name por $3.000 millones en efectivo y a Andrés Calle por $1.000 millones en efectivo”, añadió el fiscal.
La imputación hace parte de la segunda fase de la investigación por el escándalo de corrupción en la UNGRD, que ha implicado un análisis patrimonial exhaustivo. Las fiscales Cristina Patiño y Andrea Muñoz autorizaron desde inicios de 2024 el rastreo de cuentas bancarias, movimientos notariales, adquisición de bienes y posibles inversiones en metales preciosos.
Otro frente clave ha sido la geolocalización del celular de González. La Fiscalía investiga si estuvo presente en una reunión realizada el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño. Según testigos como Olmedo López y la exconsejera Sandra Ortiz, en ese encuentro se habrían definido contratos en favor de congresistas.
También se revisaron las comunicaciones sostenidas con López, en especial aquellas que involucran instrucciones para beneficiar a Name. Como parte del proceso, el Tribunal Superior de Bogotá autorizó el pasado 15 de abril el acceso a datos telefónicos de González, incluyendo llamadas, mensajes y ubicaciones.
La defensa del exdirector del Dapre cuestionó varias de las pruebas presentadas por la Fiscalía. “Mantenemos nuestra objeción respecto a la legalidad de ciertas actuaciones del proceso. En particular, cuestionamos la validez del informe relacionado con las empresas de telefonía, ya que los documentos eran ilegibles y no explicaban con claridad el procedimiento ni la información obtenida”, afirmó su abogado durante la audiencia.
En este contexto, la Fiscalía sostiene que González no solo habría participado en la entrega irregular de contratos, sino que habría sido determinador en el nombramiento de Olmedo López en la UNGRD, como parte de una estrategia para consolidar apoyo político a las reformas del Ejecutivo. Sin embargo, el exfuncionario no aceptó los cargos en la audiencia.
