Con la plaza llena este domingo en la tarde, los ciudadanos de Fusagasugá, muncipio de Cundinamarca muy cercano a la capital, celebraron el resultado de la consulta popular que dijo 'No' al fracking en su territorio.
"Allá estuvieron reunidos desde el Polo Democrático hasta el Centro Democrático, pero fundamentalmente la ciudadanía y sus organizaciones que, desde el comienzo, llamaron a no colgarle banderas políticas al proceso", escribió Víctor De Currea-Lugo, columnista de opinión y docente de la Universidad Nacional que estuvo presente en el pueblo durante la jornada.
La ciudadanía celebró por tanto el hecho de que con 99,18% de los votos, representados en 39.175 personas (la votación más alta en consultas mineras), se negó (al menos en el papel) la posibilidad de que las compañías petroleras exploten el subsuelo utilizando este mecanismo de fracturación hidráulica. ¿Realmente es así?
Cabe recordar que el pasado 11 de octubre, la Corte Constitucional determinó en un fallo que las consultas populares no tienen poder de veto sobre las actividades extractivas del subsuelo en Colombia (minería y petróleo). El hecho generó polémica, pero pareció sentenciar la posibilidad de que los pueblos y regiones colombianas tomaran decisiones sobre el uso minero y petrolero de sus territorios.
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¿Debate jurídico o político?
¿Por qué entonces se realizó la consulta de Fusa? Kienyke.com consultó con expertos. "Es una expresión del electorado pero jurídicamente no es vinculante teniendo en cuenta el fallo de la Corte Constitucional. La consulta en Fusagasugá ya estaba organizada antes del fallo y por eso se realizó, pero no puede considerarse con efectos reales", consideró Milton Montoya, abogado consultor en temas minero-energéticos y docente de la Universidad Externado.
Respecto al señalado riesgo de que las comunidades locales acudan a vías de hecho tras el fallo de la Corte que les quita la herramienta electoral, Montoya argumentó que "las poblaciones pueden acudir a vías de hecho con o sin consulta. El asunto es que con el fallo de la Corte queda claro que no es vinculante este mecanismo. De ahora en adelante el trabajo que tendrán que tener las empresas es más de concertación con las comunidades pero tendrán derecho a sus actividades".
En diálogo con este medio, Víctor de Currea-Lugo, quien defiende este tipo de iniciativas, consideró que "ahí hay un debate jurídico porque la justicia ya estableció que el subsuelo es un bien de la Nación. La Justicia falló que los recursos naturales son propiedad del Estado".
Es decir, De Currea no descarta que el debate jurídico sobre el tema porque agrega que "todavía existen algunos vacíos". Pero más aún, argumenta que el asunto es fundamentalmente político y ahí las autoridades regionales tienen toda la potestad para tomar decisiones sobre el territorio que gobiernan.
"Las leyes son claras en que los alcaldes son a nivel local, que el mecanismo de consulta es constitucional, y que los POT son decision de los entes territoriales. Ahi por lo tanto sigue una incertidumbre jurídica y lo que es cierto es que es un asunto político. Independientemente del marco jurídico, 30.000 personas dijeron No en una consulta, eso es un hecho político", afirmó.
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¿Qué sigue?
A pesar del fallo de la Corte Constitucional, la situación parece dada para que en distintos municipios del país, donde las autoridades o la mayoría de sus habitantes sean reacios a las actividades extractivas del subsuelo, realicen de todas formas tales consultas como un escollo simbólico contra las firmas petroleras o mineras.
"En adelante sí habrá dificultades sobre todo desde el punto de vista de los órganos de control respecto a los alcaldes que decidan llevar adelante esas iniciativas a sabiendas de que son inconstitucionales. Sería por tanto un gasto innecesario de dineros públicos", lamentó Montoya.
"El alcalde Municipal también es Estado, y el gobernador también. Ambos tienen derecho a legislar sobre su territorio a nombre del Estado. Intentan ahora hacernos creer que solo el gobierno central puede decidir sobre el petróleo y el subsuelo, pero no es cierto", aseveró por su parte De Currea-Lugo. "Las consultas no solo son un asunto jurídico, sino político. Si contravienen la decisión popular esto podría generar choques con la ciudadanía, por ejemplo en el caso de Fusagasugá", agregó.
Ivonne González, representante legal del Comité de Veeduria Dignidad Minera de Santander, que representa a mineros legales y pequeños de dicho departamento, aseguró a este medio que la verdadera solución es que el Gobierno Nacional se sentara a dialogar con todos los sectores en disputa para concertar verdaderas salidas al debate.
"El gobierno nacional se debe sentar y hacer una discusión entre todos, porque nosotros los legales pequeños no tenemos quién nos represente y no se nos dan soluciones. Es hora de que el Estado se ponga serio, y se sienten con nosotros para proteger no solo el ambiente sino nuestras actividades. No podemos generalizar y hacer populismo con todo esto", concluyó.
