El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, entregó este jueves al Congreso los informes de: situación de las finanzas del Estado, situación de la deuda pública, la cuenta general del presupuesto y del tesoro, y la auditoría del balance de la nación, los cuales corresponden a la vigencia del 2017.
El funcionario advirtió que de no tomarse las medidas necesarias para reducir los gastos e incrementar los ingresos públicos, se pondría en riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana y se incrementaría su costo de financiamiento.
Déficit y deuda del Estado
El Sector Público Consolidado (SPC) registró durante al cierre del año 2017 un déficit fiscal de $23,81 billones (2,61% del PIB).
La deuda del sector Público colombiano llegó en 2017 a $516,59 billones, equivalentes a 56,6% del PIB.
En nomina, la ejecución del gasto público social pasó de $40,89 billones a $127,09 billones entre 2005 y 2017. Este gasto va dirigido a la población vulnerable del país. El informe mostró que al analizar la pobreza en el mismo periodo de tiempo, se encuentra que ésta no disminuyó en niveles proporcionales a ese aumento y aún persiste la inequidad, que en la última década el Coeficiente de GINI pasó de 0,56 a 0,52 (una medida de la desigualdad)
El informe también demostró que en los recursos del gasto público social se han detectado problemas de corrupción como se ha mostrado en el Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales están destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros, y donde para la vigencia 2017 la CGR encontró hallazgos por $3.051 millones.
Situación de las finanzas del Estado
El débil crecimiento de la economía mundial fue el escenario en el que se desarrolló el desempeño fiscal y financiero del Estado colombiano el año pasado.
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"El retroceso de la inflación que le permitió al Banco de la República implementar una política monetaria expansionista y un crecimiento económico de 1,8%, que fue el más bajo de los últimos años. En este contexto, el SPC registró durante el año 2017 un déficit fiscal de $23,81 billones (2,61% del PIB), menor al presentado en 2016 que fue de $26,55 billones (3,10% del PIB). En detalle, el Gobierno Nacional Central (GNC) tuvo un déficit de 3,7% del PIB frente a un superávit de 1,09% del PIB de los demás integrantes del Sector Público Consolidado", dice el informe. Sin embargo, se destacó la mejoría en el resultado fiscal de las finanzas del Gobierno Nacional Central, que disminuyó su déficit en 0,3 puntos porcentuales durante el 2017.
Deuda pública
En el Informe de deuda pública el contralor reveló que la deuda del sector público colombiano llegó en 2017 a $516,59 billones, lo que equivale al 56,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
De $29,27 billones fue el incremento registrado en endeudamiento público con respecto al cierre del año 2016. Sin embargo, como proporción del PIB la deuda pública presentó una leve disminución de 0,4 puntos del PIB. Es decir, que como tamaño de la economía puede decirse que la deuda se mantuvo prácticamente estable entre 2016 y 2017.
El Banco de la República fue el principal prestatario público externo e interno, y registró un incremento de $32,12 billones en el saldo de su deuda durante 2017 haciendo que medida como porcentaje del PIB (44,9%), alcanzara el nivel más alto desde 1923, año en que la Contraloría General de la República empezó a llevar el registro de la misma.
Entre las operaciones que debió realizar el Gobierno con el fin de sostener sus metas de financiamiento en 2017 estuvieron: 1) operaciones de prepago, y canje de la deuda interna; 2) aumento del cupo de emisión de TES B por $8 billones; 3) recorte en el Presupuesto General de la Nación por $4 billones; 5) pre-financiamiento del presupuesto de 2018, con la emisión de bonos globales por US $900 millones; y 6) utilización temporal de los diferentes fondos administrados, en especial, los recursos del Sistema General de Regalías por más de $10 billones y de Coltel por $3,2 billones.
Cuenta general del presupuesto y del tesoro
El Informe de Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, muestra que el Gobierno Nacional contó con una apropiación definitiva de $229,32 billones (25,1% del PIB), de los cuales el 60,576% fue destinado para funcionamiento, mientras que el 17,62 % fue para inversión y un 21,81% en servicio de la deuda, con ejecución total del 94,9%, medida por obligaciones.
El 3,7% de la apropiación definitiva ($8,55 billones) quedó constituido como reserva presupuestal para ejecutarse en la vigencia 2018 y se presentaron pérdidas por $3,07 billones, equivalentes a 1,3% de ese mismo valor.
Por ser una tarea de control y seguimiento de la CGR, en este informe también se analiza el Gasto Público Social (GPS), mecanismo para ejecutar política social con presupuesto del Gobierno Nacional como: incluir en el sistema educativo a los niños de las familias más pobres, asegurar el acceso universal a la salud de la población sin capacidad de ingreso, mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda u otorgar vivienda a los más pobres.
Es así como en el anexo de gasto social que hace parte de la ley de apropiaciones de 2017, un 53% ($118 billones) corresponden a Gasto Público Social del total apropiado ($224 billones).
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En los recursos del Gasto Público Social se han detectado problemas de corrupción como se ha mostrado en el Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales están destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros, y donde para la vigencia 2017 la CGR encontró hallazgos por $3.051 millones. Hay subsidios que deben ser dirigidos a la población más vulnerable y están beneficiando a población de altos ingresos.
"La opinión de la CGR sobre la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro es razonable con salvedades, fundamentada en los resultados del proceso auditor del organismo de control a las Entidades del Presupuesto General de la Nación que hicieron parte del Plan General de Auditorías para la vigencia 2017, la refrendación de las reservas y la incertidumbre para obtener el valor real en el aplicativo SIIF de las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2017", finaliza el informe previo a las conclusiones del CGR.
