El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue sacudiendo los cimientos del Gobierno Nacional. Esta semana, la Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en las investigaciones al solicitar formalmente la imputación de cargos contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro.
La diligencia fue solicitada ante el Tribunal Superior de Bogotá, y se llevará a cabo de manera presencial el próximo 21 de mayo en horas de la mañana. González deberá comparecer junto a su defensa para conocer los elementos de prueba y las evidencias que el ente acusador tiene en su contra, en un caso que ha sido calificado como el escándalo de corrupción más grave que ha enfrentado el autodenominado “Gobierno del Cambio”.
Según la Fiscalía, González sería presunto determinador de una serie de irregularidades dentro del esquema de contratación y administración de recursos de la UNGRD. La imputación solicitada incluye tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
“El equipo de fiscales que lidera las investigaciones por el entramado de corrupción en la UNGRD acaba de solicitar ante el Tribunal Superior de Bogotá audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Además de la imputación, el ente investigador solicitó una medida de aseguramiento, argumentando que el exfuncionario podría representar un peligro tanto para el proceso judicial como para la sociedad. Esta solicitud se basa en las condiciones establecidas por el Código de Procedimiento Penal y será evaluada por los magistrados del Tribunal.
El caso ha generado una fuerte sacudida política en la Casa de Nariño, no solo por la gravedad de las acusaciones sino por el perfil del implicado. Carlos Ramón González es un viejo aliado del presidente Petro y fue una figura clave en la articulación política del Gobierno desde su llegada al poder. Su salida del Dapre a comienzos de este año había estado rodeada de rumores, aunque en su momento no se ofrecieron mayores explicaciones públicas.
La imputación de González se suma a una cadena de señalamientos y detenciones que ya han involucrado a altos funcionarios de la UNGRD, como el exdirector Olmedo López y su subalterno Sneyder Pinilla. Estos últimos han entregado declaraciones comprometedoras, en las que detallan presuntas entregas de dinero a congresistas y a otros miembros del Ejecutivo, a cambio de favores políticos o la aprobación de proyectos específicos.
En el marco de este proceso, el caso de González adquiere especial relevancia porque marca una conexión directa entre el escándalo y el corazón del Palacio de Nariño. Aunque el presidente Petro no ha emitido un pronunciamiento oficial tras el anuncio de la Fiscalía, el ambiente político en el Congreso y en los medios ha empezado a girar en torno a la posibilidad de que haya más implicados de alto nivel.
Analistas consideran que este episodio representa uno de los momentos más delicados para el Gobierno, que ya enfrenta tensiones internas, salidas de funcionarios clave y crecientes cuestionamientos sobre su capacidad para garantizar transparencia en la gestión pública. La audiencia del próximo martes será clave no solo para determinar la situación jurídica de González, sino para conocer más detalles del entramado de corrupción que ha golpeado a una de las instituciones clave en la atención de desastres en el país.
Con esta decisión, la Fiscalía reafirma su compromiso con el avance del caso y deja claro que no se detendrá ante figuras de alto perfil político. El país, entre tanto, espera que el proceso judicial arroje luces sobre la magnitud del desfalco y las responsabilidades individuales en uno de los mayores escándalos de la administración actual.
