Petro toma medidas tras asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo

El jefe de Estado expresó su rechazo al asesinato de cuatro jovenes indígenas que se negaron a continuar con las disidencias de las FARC.

Luego de que la oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmara el asesinato de cuatro menores de edad, miembros de una comunidad indígena en Putumayo, en manos del Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC, el presidente Gustavo Petro se refirió al hecho rechazando el reclutamiento forzado de menores y comunicando las primeras acciones para hacer frente a la situación.

“El asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario. He convocado una reunión de seguridad extraordinaria para anunciar medidas frente a estos hechos”, manifestó el presidente Gustavo Petro frente al atentado a la niñez que representó la masacre. Un acto altamente rechazado por varios sectores de la sociedad colombiana.

De hecho, en el comunicado del Alto Comisionado para la Paz se rechazó la vulneración a los pueblos originarios, recordando que según las convenciones y protocolos internacionales, el reclutamiento forzado constituye un crimen de guerra contra los niños y niñas.

“Desconocer el clamor del pueblo indígena y del pueblo putumayense es traicionar el propósito nacional de la paz y animar tiempos aciagos del autoritarismo. La población colombiana no tolera más sangre derramada. La exigencia a quienes persisten en la violencia es clara: es el momento de parar el conflicto armado y de dar el paso a la construcción de la paz con justicia social y ambiental”, refirió al respecto la entidad.

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Hasta donde se ha conocido, los menores fueron asesinados con arma de fuego luego de que el pasado 17 de mayo escaparan de las filas del Frente Carolina Ramírez de las FARC tras ser reclutados forzosamente. 

Según expresó Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, hubo “sevicia” en la muerte de los jóvenes cuyo caso trascendió por las comunidades indígenas de la zona que denunciaron el reclutamiento forzoso registrado entre los departamentos del Caquetá y Amazonas. 

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