En Colombia, las elecciones legislativas y presidenciales no se realizan el mismo día. La separación está definida por el Código Electoral y termina influyendo en la campaña presidencial y en la relación entre el próximo Gobierno y el Legislativo.
La regla: primero Congreso, luego Presidencia
El calendario electoral no lo fija la Constitución con una fecha puntual, sino la norma electoral. El Código Electoral dispone que las elecciones para corporaciones públicas se hacen el segundo domingo de marzo y que la elección presidencial se realiza el último domingo de mayo siguiente.
Con base en esa regla, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó el calendario para 2026: Congreso de la República de Colombia el 8 de marzo y primera vuelta presidencial el 31 de mayo.
Transición institucional y administración electoral
El argumento institucional más citado es el de la secuencia de instalación de poderes. El Congreso inicia su legislatura el 20 de julio, según el artículo 138 constitucional. La posesión presidencial, aunque no está fijada en un artículo que marque día y mes, se ha institucionalizado para el 7 de agosto.
En ese marco, elegir primero el Congreso le da a la organización electoral tiempo para escrutinios, reclamaciones y asignación definitiva de curules antes de la instalación del nuevo Legislativo. Además, separa la operación de tarjetones distintos (Senado, Cámara y Presidencia) y divide el esfuerzo logístico y de seguridad en dos momentos.
Efectos políticos: menos “arrastre” y más negociación
La separación también tiene consecuencias sobre cómo se distribuye el poder. La literatura comparada ha mostrado que, cuando las elecciones son concurrentes, la contienda presidencial puede generar “coattails” o arrastre hacia candidaturas legislativas del mismo partido o coalición, aumentando la congruencia entre Ejecutivo y Legislativo.
Cuando se vota en fechas distintas, ese arrastre tiende a ser menor. Un análisis sobre mayorías legislativas en América Latina ubica a Colombia entre los pocos países con elecciones separadas y plantea que esa configuración puede dificultar que el presidente electo cuente con una mayoría legislativa automática.
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En términos prácticos para 2026, marzo define primero el tamaño real de las bancadas y la capacidad de los partidos para negociar. Luego, la presidencial de mayo se juega con ese tablero ya armado: candidaturas con menos respaldo parlamentario suelen requerir coaliciones explícitas, y partidos medianos o pequeños pueden volverse determinantes para la gobernabilidad.
¿Qué se puede esperar en 2026?
El resultado legislativo de marzo suele convertirse en una señal temprana de poder: muestra qué partidos llegan fortalecidos, quiénes quedan con capacidad de veto y cuáles alianzas son viables para la presidencial. Para el electorado, el efecto es claro: se elige Congreso sin que una candidatura presidencial ganadora “ordene” el voto, y después se elige Presidente con un Congreso ya definido.
En ese contexto, el diseño de dos fechas hace más probable un escenario de acuerdos interpartidistas desde el inicio del nuevo periodo, tanto para conformar gobierno como para tramitar reformas en el Congreso.
