El nuevo nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio será demandado ante el Consejo de Estado, luego de que ese mismo tribunal anulara su designación anterior por incumplir los requisitos del cargo. El caso abre un nuevo pulso jurídico sobre la validez del decreto con el que el Gobierno la devolvió a la entidad.
La nueva designación de Rusinque abrió un segundo frente judicial en menos de un mes. Un grupo de demandantes anunció que presentará una acción contra el decreto que la restituyó en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), al considerar que el Gobierno volvió a nombrarla pese a que el Consejo de Estado ya había anulado su llegada al cargo.
La controversia se originó en el fallo de la Sección Quinta, que dejó sin efecto el nombramiento expedido en 2024. En esa decisión, el alto tribunal concluyó que Rusinque no acreditaba la experiencia exigida ni cumplía plenamente con la formación requerida para dirigir la entidad.
Después de ese fallo, el Gobierno expidió un nuevo decreto para devolverla a la SIC. Ese acto será ahora el centro de la nueva demanda. Los accionantes sostienen que hubo desviación de poder, una causal de nulidad de los actos administrativos, porque el Ejecutivo habría ajustado las condiciones para volver a designarla.
El punto central del nuevo pleito está en un cambio previo de reglas. Semanas antes de la nueva designación, el Gobierno modificó los requisitos para ocupar varias superintendencias, entre ellas la de Industria y Comercio. Para los demandantes, ese ajuste no fue neutral y terminó facilitando el regreso de Rusinque al cargo.
Además de ese argumento, la demanda también cuestionará la forma en que se produjo el nuevo nombramiento en medio de la Ley de Garantías. Quienes preparan la acción consideran que la salida y el posterior regreso de Rusinque ocurrieron en un lapso muy corto y bajo una fórmula que habría buscado limitar los efectos del fallo judicial anterior.
La SIC es una entidad clave en asuntos de competencia, protección al consumidor y protección de datos, por lo que la disputa no solo afecta la situación de su cabeza, sino también la estabilidad jurídica de una de las superintendencias con mayor peso regulatorio en el país.
Lo que sigue es la presentación formal de la demanda ante el Consejo de Estado. Mientras no haya una nueva decisión judicial, el decreto que devolvió a Rusinque al cargo seguirá vigente y ella continuará al frente de la entidad.
