A pesar de que las leyes impiden que un político condenado en segunda instancia pueda presentarse a cargos públicos, el Partido de los Trabajadores (PT) registró este miércoles, ante el Tribunal Electoral, al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a la presidencia para los comicios de octubre.
Lula está preso desde abril, acusado de corrupción y lavado de dinero, pero desde su celda, en el sur del país, el expresidente sigue al mando del Partido de los Trabajadores e incluso determina los pasos de las demás formaciones políticas.
El guión de la historia comenzó a desarrollarse este mismo miércoles, pocas horas después de que Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo y candidato a vicepresidente, Dilma Rousseff, expresidente, y Gleisi Hoffmann, presidenta del PT registraran a Lula como candidato oficial.
Raquel Dodge, la fiscal general, el más alto cargo del Ministerio Público Electoral, pidió que el TSE (Tribunal Superior Electoral) impugne la candidatura del político, que todavía es el favorito en las encuestas.
[single-related post_id="926806"]
Con el gesto del PT y el contraataque de Dodge empezó la carrera para que el TSE evalúe las diferentes peticiones y decida si impugnará o no la candidatura. Aunque el desenlace más probable es que la candidatura sea impugnada por la justicia, la decisión final no se dará a conocer antes del 17 de septiembre.
Según la Ley de Ficha Limpia, sancionada durante el Gobierno del propio Lula, los candidatos condenados en segunda instancia por tribunales colegiados (con más de un magistrado) no pueden presentarse a las elecciones.
Sus abogados sostienen, sin embargo, que el expresidente tiene derecho a participar en los comicios. El principal argumento es que el caso de Lula no pasó por todas las cortes, por lo que aún existe la posibilidad de que la condena sea revertida en el Supremo Tribunal Federal.
Defienden, además, que el registro como candidato le garantiza a Lula se derecho a hacer campaña y tener su nombre en la urna de votación, aunque su candidatura sea cuestionada en la Justicia Electoral.
“Siempre se ha garantizado la presencia de candidatos ‘sub judice’ en las urnas”, afirma Luiz Fernando Casagrande Pereira, uno de los abogados electorales de Lula.
[single-related post_id="920489"]
Pereira argumenta que en las elecciones municipales de 2016 al menos 145 alcaldes que se encontraban en la misma situación de supuesta inelegibilidad que el expresidente fueron elegidos, y de ese total 98 ( el 70%) lograron revertir la sanción de inelegibilidad después de la elección y antes de la firma del documento de cargo público, por lo que pudieron tomar posesión de sus cargos.
Sin embargo, de acuerdo con las recientes declaraciones de Raquel Dodge y Rosa Weber, presidenta del TSE -dos piezas clave en ese juicio- Lula tendría pocas posibilidades de llevar a cabo una candidatura hasta el final de los comicios.
“La ley de las inelegibilidades debe ser asegurada para que solo los elegibles concurran y los inelegibles no financien sus pretensiones con recursos públicos. Es tarea de la Justicia Electoral anunciar al elector cuanto antes y con seguridad jurídica quiénes son los reales candidatos, es decir, los que tienen capacidad electoral pasiva y pueden ser votados según la ley vigente”, dijo Dodge este martes.
