El más reciente escándalo de contratación no superó más de doce horas entre la opinión pública y ya cobró la primera cabeza de un funcionario del Gobierno. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) informó que, Andrés Mayorquín, quien se venía desempeñando como asesor de María Paula Correa, jefe de gabinete, abandonará sus funciones a partir de este martes 11 de enero luego de que se conociera un entramado de contratos que salpican a su esposa, Karen Vaquiro.
De acuerdo con el comunicado, la decisión se debe a que desde el pasado 12 de noviembre del 2021, la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia de la República inició una investigación en contra de Mayorquín por los contratos celebrados entre su esposa y una larga lista de entidades públicas.
Pese a que la investigación se encuentra en etapa probatoria, el ahora exfuncionario fue notificado en su momento y se encuentra actuando dentro de la investigación, según detalló Presidencia. Además, el gobierno nacional aseguró ni la jefe de gabinete, María Paula Correa, ni los funcionarios de Presidencia tenían conocimiento alguno sobre los contratos con entidades públicas que tenía la esposa Mayorquín.
Según dio a conocer el periodista Sebastián Nohra, Vaquiro, esposa de Mayorquín, quien fuera hasta hoy asesor en la Consejería para Asuntos Políticos, se convirtió desde enero del 2020, tres meses después de que su esposo llegara a la Presidencia, en contratista de más de quince entidades del Estado.
Antes de eso, la única experiencia laboral de la caqueteña son 20 meses en el Banco de Bogotá como gerente de oficina, ganando tres millones seiscientos mil pesos ($3.600.000) como último sueldo devengado según el mismo banco; así como otros siete meses en Link Consultores SAS, una empresa en la que ella y su esposo son fundadores y representantes legales.
Pese a su corta experiencia, desde enero de 2020, Vaquiro ha firmado 24 contratos con el Estado. El primero; con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) por 88 millones de pesos, y en noviembre del 2021 firmó el más reciente que fue con la Aeronáutica Civil por 10 millones de pesos. De los 24 contratos de acredita la economista, 22 han sido por contratación directa y dos por Contratación de Régimen Especial. En total los contratos adjudicados suman 1.245 millones de pesos.
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Otro de punto clave sobre el cual hizo énfasis la investigación de Nohra fue en que Vaquiro no podía firmar dos de esos 24 contratos por inhabilidades e incompatibilidades. Estos tuvieron se desarrollaron con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y, para ese entonces, Mayorquín trabajaba en dicha entidad.
Además, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, no hay posibilidad de licitar o celebrar un contrato con el Estado si se es cónyuge de un servidor público con niveles "directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal".
