El representante a la Cámara de Representantes, Edwin Ballesteros, renunció a su curul en medio de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por presuntos actos de corrupción cuando fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
En su intervención, el ahora excongresista del Centro Democrático resaltó los logros que habría alcanzado en sus tres años en el Legislativo. Afirmó que su renuncia es la respuesta a una supuesta violación de garantías por parte de la Corte Suprema, que decidió no posponer la diligencia en su contra.
El santandereano cuestionó que no se le haya otorgado dicha solicitud cuando los cargos por los que es investigado no están relacionados con su labor parlamentaria. "Como consecuencia y con profundo dolor presento mi renuncia al cargo de representante a la Cámara", dijo Ballesteros.
En medio de su discurso nombró a sus familiares y electores y rompió en llanto. "Toda mi solidaridad representante", expresó la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias.
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"Recibimos la renuncia de Edwin Ballesteros confiando en su inocencia y resaltando sus aportes consistentes en la renovación energética, el sector agropecuario, la inversión social y el trabajo por los santandereanos. Esperamos que la justicia actúe prontamente a su favor", expresó el Centro Democrático.
Hay que señalar que, el alto tribunal investiga a Ballesteros por hechos relacionados con las presuntas irregularidades registradas en unos contratos en la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P –ESANT.
Los delitos que se investigan son: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
Es clave señalar que, esta investigación en contra de Ballesteros se desprendió de una compulsa de copias que hizo el 25 de septiembre de 2019 la Fiscalía General a la Corte Suprema por el proceso que se adelanta contra Richard Aguilar, quien está detenido por el presunto entramado de corrupción en Santander.
De acuerdo con la Corte, cuatro contratos firmados por el exsenador Aguilar entre 2014 y 2015 tienen irregularidades y las investigaciones apuntan a "hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado -para sí y para otros- de dineros públicos".
Al parecer, el entonces mandatario regional le habría ordenado a algunos funcionarios de la gobernación entregar contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.
En el caso de Ballesteros, se investigan presuntos vicios en la firma de varios contratos, entre ellos, el uno por $4.346 millones para construir el acueducto en el municipio de Landázuri, obra que aún no se ha terminado.
Los testimonios de Lenin Pardo y Claudia Toledo -testigos clave del caso- apuntan a que Ballesteros habría solicitado una millonaria 'coima' por la adjudicación del contrato para construir dicho acueducto.
