En los últimos días, los ojos de la opinión pública han caído sobre la Comisión de acusaciones del Congreso. El fiscal general compulsó copias de los expedientes de dos expresidentes de la corte suprema, Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte, ambos en la mira de la justicia por, supuestamente, haber usado sus cargos en la rama judicial para favorecer a algunos senadores. Otro caso de corrupción en la mira. Se necesitan resultados “sin contemplaciones”, ha dicho el presidente Santos.
Sin embargo, hay mucho escepticismo sobre los alcances de la Comisión. La desafortunada opinión general es que allá no se logrará mucho. “Comisión de absoluciones” le dicen. Uno de los casos sobre el que más se le ha señalado fue le preclusión de la investigación contra el expresidente Ernesto Samper por el Proceso 8000.
Lea también: Los alcances de la corrupción en la rama judicial
“La Comisión de Acusaciones no ha cumplido sus funciones de control político, debido al presidencialismo exagerado y a la debilidad estructural del Congreso. Sin embargo, en la propuesta del Tribunal de Aforados se mantiene inexplicablemente esta comisión, ahora para vigilar la conducta del presidente y el vicepresidente de la República, con algunas imprecisiones respecto de este último” explicó Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista.
La Comisión, explica el portal Congreso visible, “está compuesta por 15 miembros. Es la encargada de preparar proyectos de acusación cuando hubiera causas constitucionales al Presidente, a los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Igualmente, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y al Fiscal General de la Nación”.
La historia respalda la ‘mala fama’ de la Comisión. A tal punto que se ha propuesto cambiarlo por un ‘Tribunal de aforados’. De acuerdo con el profesor Charry, “el desequilibrio institucional ocasionado por la reelección presidencial, los múltiples escándalos en la Rama Judicial, el descontento ante la fallida reforma a la justicia y los evidentes errores de diseño del control a los magistrados y al fiscal, llevaron al gobierno Santos II a promover una reforma constitucional para suprimir la reelección, establecer un Tribunal de Aforados para controlar a magistrados y a otros funcionarios, suprimir el Consejo Superior de la Judicatura e introducir modificaciones a la justicia”.
Además le recomendamos: Procuraduría abrirá investigación contra Musa Besaile y Hernán Andrade
Las críticas constantes, dejan en el tintero la pregunta ¿Es inoperante la Comisión de acusaciones? Angélica Lozano, parlamentaria del Partido Verde, y que estuvo en la Comisión, renunció a ella. “La Comisión no cuenta con las herramientas que le permitan ejercer una buena investigación criminal y mucho menos contra el Fiscal general de la Nación –que es investigado por esta misma comisión–, pues hoy nuestro cuerpo técnico de investigación resulta ser el mismo que orgánicamente se encuentra subordinado a él”, expresó la representante.
Además dijo que es “problemático” que la formación en derecho no sea un requisito para la participación en la comisión ya que por ello, dicha función no se ejerce con el “rigor que demanda”.
Además, la comisión incurre en un “verdadero estado de cosas inconstitucionales, una reiterada y sistemática vulneración al derecho fundamental de acceso a la justicia pues como está demostrado, se han presentado desde 1991 más de 4200 denuncias contra aproximadamente 280 aforados y solamente una de ellas ha prosperado”.
