Según El Espectador, se conocieron detalles de un expediente que reposa en la Fiscalía, en donde aparece el nombre del exsenador Armando Benedetti, quien fue designado por el presidente Gustavo Petro como el próximo embajador en Caracas, de cara a la reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela.
El caso estaría relacionado con hechos de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Según las denuncias durante el 2017, los contratos de esa entidad los manejaban, a cambio de coimas, Benedetti y los también exsenadores del Partido de La U, Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías, así lo reveló El Espectador.
Los dos últimos ya han aceptado su participación en el entramado de corrupción, pero Benedetti asegura que se trata de una persecución de la magistrada Cristina Lombana, quien lleva varios procesos en su contra. Cabe mencionar, que tal como lo afirmó el reconocido medio de comunicación, el nombre del exsenador también aparecería mencionado en el expediente que conduce la Fiscalía en contra de otros funcionarios.
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Según la publicación, son dos entidades las encargadas de la investigación, cuyo origen es el mismo. Primero, las declaraciones de Jorge Iván Henao, quien fue asesor de la gerencia de Fonade y quien aparentemente estaría colaborando con la Fiscalía.
Al parecer, Henao movió sus hilos en la entidad para que le entregaran un contrato a una compañía llamada Certicámara. El escrito de acusación dice que su misión inició “tras reunirse en 2016, en el Congreso, con el senador Armando Benedetti, reunión en la cual, por solicitud del senador, se convino buscar un contrato en Fonade, ajustado al objeto de la empresa Certicámara para que le fuera adjudicado de manera directa”, mencionó el diario El Espectador.
Por lo anterior, Henao habría sido llamado a juicio junto a cinco personas más, entre ellas, Elsy Mireya Pinzón, exasesora de la UTL de Benedetti. Según el diario, la Fiscalía sostiene en el escrito de acusación que Pinzón ingresó en repetidas ocasiones a las instalaciones de Fonade.
Para la Fiscalía, esas visitas tenían un fin: “Presentar los servicios que prestaba la sociedad Certicámara con el fin de que resultara beneficiaria en un proceso de contratación de Fonade que se ajustara al objeto contractual de la empresa”.
Tras alguna de esas reuniones, dice el escrito de acusación, Jorge Iván Henao le entregó un folleto de la empresa a otro funcionario de Fonade, el gerente del área administrativa, Héctor Amar, para que supuestamente buscara un contrato. Las gestiones, al parecer, terminaron en que en 2017 se abrió un proceso contractual de convocatoria privada a la que se invitó únicamente a tres empresas, entre ellas Certicámara.
El contrato era por un monto de $1.065 millones y tenía como objeto “el servicio de bodegaje, custodia, préstamo y actualización del inventario”. Es decir, manejar el archivo y bodegas de Fonade. La Fiscalía reprochó esta modalidad de contratación, “pues consiste en invitar a un mínimo de tres empresas a participar en el proceso de selección, limitando la libre concurrencia, bajo el argumento de que se trataba de un objeto que implicaba gestión tecnológica, cuando era un contrato de Fonade para la adquisición de servicios inherentes a su funcionamiento, el cual debía realizarse mediante convocatoria abierta”.
La Fiscalía tiene entre sus pruebas interceptaciones telefónicas, correos, documentos que obtuvieron en inspecciones a Fonade, así como información financiera de todos los que fueron llamados a juicio. Por su parte, la magistrada Lombana ya tiene en su poder las listas de ingresos a Fonade, así como declaraciones del testigo Henao y otros personajes, elementos que la llevaron a llamar al exsenador a indagatoria hace dos meses. Pero a la fecha, la diligencia no ha ocurrido, tal como lo informó El Espectador.
