Luego de pasar por los debates en el Congreso de la República entrará en funcionamiento el Tribunal de Paz en el que estarán todos los magistrados encargados de administrar justicia en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En las últimas horas el Departamento Administrativo para la Función Pública dio a conocer un decreto en el que se determina el salario que devengarán los magistrados que ejecutarán la justicia transicional.
Según este documento, los funcionarios de este tribunal recibirán la misma cantidad de dinero que los magistrados de las altas cortes como la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional.
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De esta forma, su salario será de $29.814.000 mensuales, dinero procedente de la suma de una remuneración base de $6.282.121, más una prima técnica de $3.769.274 y una prima de servicios de $19.762.880, que es equivalente a los ingresos mensuales de un congresista. Esto quiere decir que en un año recibirán $357'768.000, más todas las prestaciones y primas de ley.
Estos funcionarios entrarán a ser junto a los magistrados de las altas cortes, unos de los mejor pagos en el sector público, solo por debajo del Director Colpensiones ($39.150.727), Director Unidad Gestion Parafiscal ($39.150.727), el presidente Juan Manuel Santos ($33.000.000), Director Fondo de Adaptación ($32.032.413) y Director Positiva Compañía de Seguros ($31.599.253).
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Sin embargo, para que esto se dé y los magistrados sean elegidos, el modelo de justicia transicional de la JEP deberá pasar por el Senado de la República y ser aprovado para luego si entrar en funcionamiento. Para ello, deberá superar los debates antes del 30 de noviembre, fecha límite en la que estas iniciativas puedan ser aprobadas vía Fast Track.
La JEP deberá primero superar varios temas. Por ejemplo, se debe definir si los miembros de las Farc puede hacer política antes de presentarse a la justicia o si lo deben hacer después. Otro de los aspectos en discusión por parte de sus opositores es la participación de miembros de las fuerza pública que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
