Un manto de dudas e irregularidades rodea a la gestión de Diego Sánchez Fonseca, exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y otros exfuncionarios de la administración de la ex alcaldesa Claudia López. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en su contra por presuntos incumplimientos en proyectos de infraestructura de movilidad y espacio público en Bogotá, financiados con recursos de valorización.
Las obras inconclusas y abandonadas, valoradas en alrededor de $18.000 millones, generan gran preocupación. Se cuestionan posibles errores en el diseño, la edificación y la supervisión de los proyectos. De las 15 construcciones objeto de investigación, solo una se ha finalizado, mientras que las demás se encuentran en diferentes estados de abandono, sin brindar los beneficios esperados a la ciudadanía.
La investigación abarca a la exsubdirectora general de infraestructura, Claudia Tatiana Ramos Bermúdez; al exdirector técnico de gestión contractual, Juan Carlos González Vásquez; al subdirector técnico de ejecución, Jaime Augusto Bermúdez Díaz; a la exdirectora técnica de construcciones, Denice Bibiana Acero Vargas; a la abogada de la dirección técnica de gestión contractual, Ginna Paola García Bohórquez; al exdirector técnico de proyectos (e), José Félix Gómez Pantoja; y a los contratistas del bilateral de interventoría, Miguel Angel Botero Gómez y Ariel Alberto Corredor Gómez.
La Procuraduría busca determinar si las demoras y las presuntas irregularidades en los proyectos constituyen faltas disciplinarias por parte de los exfuncionarios. Se espera que la investigación arroje luz sobre los hechos y determine las responsabilidades.
Adicionalmente, se han ordenado compulsas de copias para investigar 14 contratos más que presentan condiciones similares y que, al parecer, también se financiaron con recursos de valorización. Esta situación pone en tela de juicio la transparencia y la eficiencia en la gestión del IDU, y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades.
La ciudadanía espera que la investigación llegue a buen término y que se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables, recuperar los recursos públicos perdidos y garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. La transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos son fundamentales para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de los ciudadanos.
