Con la derogación del Decreto 1844 de 2018, el gobierno de Gustavo Petro busca desviar la atención de la política antidroga de los consumidores, para enfocarse en atacar a las grandes cabezas detrás de las bandas criminales.
Esta decisión, que ha sido promocionada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quitaría el poder a la policía de incautar dosis mínimas de sustancias psicoactivas a los consumidores que se encuentren en espacios públicos.
El reparo que parte de la población tiene en contra de esta decisión es que, de ahora en adelante, temen que los parques infantiles se vuelvan un sitio para el consumo de sustancias y los menores de edad se vean obligados a convivir con estas situaciones.
En respuesta a estas inquietudes, Osuna aseguró que sería labor de los alcaldes y las autoridades municipales ejercer un control sobre el asunto y establecer sitios dentro de los municipios para el consumo de drogas.
En relación con esta propuesta por parte del encargado de la cartera de Justicia, Fedemunicipios, la federación que encierra a todos los alcaldes del país, pidió al ministro Osuna aclarar como funcionaría la derogación propuesta el pasado siete de diciembre.
Entendemos que las facultades de prevención para el control de porte, tenencia, consumo y comercialización de estupefacientes de la Policía Nacional no fueron derogadas y no se busca dar “patente de corso” para que el microtráfico inunde las calles de los municipios del país permitiendo qué niñas, niños y adolescentes queden a merced de los expendedores; por esto insistimos en la modificación y aclaración del decreto.
Lo anterior fue estipulado por Gilberto Toro Giraldo, director de Fedemunicipios que, entre otras preocupaciones, expresó que los alcaldes del país temían que la decisión tomada afectaría la tranquilidad de las poblaciones que, a falta de control policial, quedarían a merced de los delincuentes.
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Para terminar el comunicado donde se expresan la inconformidad con la decisión del ministerio, Fedemunicipios pide “modificar el decreto expedido el pasado 7 de diciembre y mantener las facultades policivas de prevención en aras de mantener el bienestar de las comunidades locales y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Cabe recalcar que, desde la campaña, el gobierno Petro ha hecho énfasis en un cambio en relación con la política de la lucha contra las drogas, dónde se incluye la eliminación a la persecución contra los pequeños consumidores y se centran todos los esfuerzos institucionales en la identificación y captura de los grandes narcotraficantes.
