El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro planteó mediante su cuenta en Twitter la propuesta de transformar las funciones de la Procuraduría General de la Nación anexándola al poder judicial, constituyéndola así como una “gran Fiscalía anticorrupción”.
La propuesta no sonó bien dentro de diferentes sectores sociales que tildaron la propuesta como una estrategia populista con tintes dictatoriales.
Esta propuesta coincide con la apertura de la investigación contra el registrador nacional, Alexander Vega, cuestionado por los múltiples inconvenientes presentados durante las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.
No obstante, esta sugerencia no es nueva pues en el plan de gobierno del candidato presidencial se evidencia el deseo del mismo por reformar los diferentes entes de control del país, entre ellos la Procuraduría y la Contraloría.
“Propondremos una reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para responder al mandato que la Constitución Política de 1991 les otorgó, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales”, se expone dentro una de las propuestas plasmadas en el plan de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida.
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Cabe señalar, además, que durante su mandato en la alcaldía de Bogotá en el año 2013, Petro fue destituido e inhabilitado durante 15 años por la Procuraduría luego de que adelantarán un proceso disciplinario en su contra por haber afectado la salud pública de los bogotanos debido a la crisis de las basuras que se presentó en la ciudad durante los días 18, 19 y 20 de diciembre del año 2012.
Sin embargo, esta inhabilidad fue tumbada por la Corte Internacional de Derechos Humanos tras la presentación de una demanda por parte del candidato. Ante esta decisión, Petro solicitó al Estado realizar una reforma a la Procuraduría para aplicar una serie de requisitos y procesos a la hora de decidir inhabilitar a un funcionario elegido por mandato popular.
Hasta el momento, el candidato no ha mencionado ni dado detalles al respecto de cómo materializar la propuesta en caso de llegar a ser presidente. Hay que tener en cuenta, que esta propuesta redefiniría el sistema de justicia en el país.
