Este jueves 10 de junio se conmemoran los primeros 10 años de la firma de la Ley de Víctimas, creada para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en el país. En medio de un evento conmemorativo, el expresidente Juan Manuel Santos afirmó que esta ley -no las paces que selló con Hugo Chávez- habría terminado de romper su relación con Álvaro Uribe Vélez.
Para recordar esta importante fecha para el país, la Universidad del Externado y Colombia 2020 organizaron un conversatorio en el que participó Santos, el exministro y autor de la ley Juan Fernando Cristo; Pastora Mira, lideresa de víctimas en San Carlos, Antioquia y Carlos Andrés Sánchez, víctima de la masacre de Machuca.
En medio del diálogo, Santos contó que la presentación de esta ley terminó de alejarlo de Uribe, pese a que su relación ya venía muy deteriorada por distintos temas. Narró que el primer suceso que marcó su separación fue cuando intentó copiar una política de Abraham Lincoln basada en trabajar con sus antiguos contradictores.
"Yo no tenía en ese momento una buena relación con el presidente Uribe, todo comenzó cuando yo me copié de una política que usó Abraham Lincoln para pasar su famosa ley contra la esclavitud de traer a antiguos rivales al gobierno, entonces traje al Partido Liberal, traje a Vargas Lleras, traje al Partido Conservador en cabeza de Juan Camilo Restrepo, a Rafael Pardo que entró al gabinete y eso fue la primera ruptura con Uribe recién conformado el gabinete", detalló el exmandatario colombiano.
El Nobel de Paz explicó que desde ese punto su relación y comunicación con el ahora líder del Centro Democrático fue empeorando, siendo el reconocimiento de esta ley en el marco del conflicto armado lo que realmente habría dado la estocada final a esa relación que lo llevó a la Presidencia en 2010.
"Creo que la ruptura fundamental con él fue la ley, el reconocimiento del conflicto armado, porque uno se pone a pensar, no puede ser que por nombrar unas personas que no les gustaban, es que yo no iba a nombrar a las personas que a él le gustaban sino a las que a mí me gustaban porque yo era el presidente, él haya tenido esa actitud tan hostil", expresó.
Fue en ese punto que Santos nombró que hacer las paces con el exmandatario venezolano Hugo Chávez tampoco pudo ser la razón para romper los lazos que lo unión con Uribe, ya que él también estuvo interesado en arreglar la relación con el líder del vecino país.
"Que porque hice las paces con Chávez, es que él también las quiso hacer con Chávez. En un momento dado incluso a mí me llevó casi que de una oreja a Hato Grande a reunión con Chávez, cuando reconocían a Piedad Córdoba como intermediaria para el rescate de los secuestrados", concluyó.
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10 años de la Ley de Víctimas
Esta ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual.
Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación.
De acuerdo con las cifras del Registro Único de Víctimas, se han reconocido a 9′113.500 personas que fueron violentadas, en el marco del conflicto armado que ha vivido el país por más de medio siglo.
La Ley de Víctimas, que fue promulgada en el 2011, fue en su momento una de las medidas de superación de conflictos más avanzadas en el mundo. Esta norma reconoció el conflicto armado interno en el país, definió la condición de víctimas y se propuso en diez años otorgar reparación.
En vista del débil cumplimiento de los mandatos, la Corte Constitucional solicitó al Congreso ampliarla por otros diez años para avanzar en la reparación. El 17 de noviembre de 2020, después de un año y un mes de debate, finalmente el Congreso aprobó la prórroga de la Ley de Víctimas que había ordenado la Corte, por diez años para proteger a más de nueve millones de personas que han sido acreditadas como víctimas.
