Este martes en el Senado de la República se concretó la suspensión de la ley de garantías a través de la aprobación del artículo 125 con el cual se elimina el inciso primero del artículo 38 de la Ley de Garantías.
En el marco de la discusión del proyecto de ley de presupuesto para el 2022, el senado aprobó con una votación de 54 votos a favor y 30 en contra suspender la Ley de Garantías la cual tenía como finalidad evitar que los recursos públicos fueran utilizados en los periodos previos a elecciones por los grupos políticos para hacer campaña.
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La propuesta de echar para atrás la Ley de Garantías generó una fuerte polémica entre los parlamentarios, ya que mientras los defensores de la medida justificaron el artículo 125 de la Ley de Presupuesto como forma de impulsar la reactivación económica, los opositores advirtieron sobre la quita del blindaje a procesos de contratación que podrían servir para financiar favores políticos en épocas electorales.
Este es el primer paso para que definitivamente sea suspendida la Ley de Garantías, debido a que todavía el tema no ha sido abordado en la Cámara de Representantes.
Ley de Garantías
Esta norma busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país, promueve el ejercicio transparente de los recursos públicos y establece restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades públicas. En resumidas cuentas, tiene como fin evitar que los recursos públicos sean utilizados en los periodos previos a elecciones por los grupos políticos para hacer campaña.
Prevé expresamente que en un término de cuatro meses anteriores a las elecciones, dentro del cual los alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, distrital o departamental, no pueden celebrar convenios o contratos para la ejecución de recursos públicos, entre otras restricciones.
Sin embargo, el Gobierno de Iván Duque quiere modificar la ley bajo el argumento de que ya no hay reelección presidencial -motivo por el cual se creó la norma- y entendiendo que la pandemia impidió la realización de obras en los primeros años de mandato de los dirigentes regionales.
Así las cosas, los alcaldes, gobernadores y dirigentes regionales podrían firmar contratos e inaugurar obras en los cuatros meses previos a elecciones, por lo que los grupos políticos podrían aprovechar a sus miembros electos para fortalecer sus campañas.
