En ponencia, la magistrada de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, desestimó las modificaciones planteadas a la Ley de Garantías dentro del Proyecto de Ley N.º 158 que regula el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
Dentro de la intervención, Fajardo señaló que una vez tomada la decisión se debe suspender toda creación de contratos interadministrativos, esencialmente ahora cuando el país se prepara para desarrollar las elecciones presidenciales, las cuales tendrán lugar el próximo 29 de mayo.
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Aunado a ello, expresó la magistrada que en caso de que el proceso contractual ya esté adelantado o en proceso de ejecución, tendrá que ser finalizado y liquidado de forma inmediata, aunque aclara que solo podrán ser terminados los contratos que no pongan en riesgo el patrimonio de la Nación.
Sin embargo, aclara que las entidades administrativas que dieron inicio al convenio tendrán que hallar la manera de materializar dichos proyectos en el menor tiempo posible.
Cabe agregar, que la magistrada Fajardo dio la razón a los demandantes, quienes aseguraron dentro de los documentos allegados a la Corte que dicha modificación fractura el principio de pesos y contrapesos establecido dentro de la normativa colombiana.
Asimismo, la magistrada señaló que para verificar este proceso se dispondrá a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las investigaciones pertinentes en caso de que se encuentre un detrimento al erario público.
Cabe destacar, que aún se está a la espera de la decisión de la Corte. No obstante, si la decisión del organismo es positiva, se daría fin a la modificación que buscaba:
“Promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”.
Modificación a Ley de Garantías
La modificación a la Ley de Garantías, que fue propuesta el pasado 19 de octubre de 2021, contempla la suspensión parcial del artículo 38 de la Ley de Garantías, que señala la prohibición de celebrar convenios o contratos interadministrativos en el periodo de elecciones a la presidencia de la república.
Este posible cambio fue reprochado por diferentes figuras políticas como Sergio Fajardo, quien manifestó que “La responsabilidad de que no existan garantías por cuenta de la modificación de la ley de garantías es del Gobierno que impulsó esa modificación y de las mayorías del Congreso que adoptaron esa modificación, en esas condiciones creemos que no hay garantías”
El senador electo, Feliciano Valencia, también evidenció su inconformidad con la modificación a dicha ley, ante lo que señaló “La oposición advirtió que la modificación a la Ley de Garantías favorecía la compra de votos a las maquinarias, hoy la @CConstitucional declara "urgencia nacional" para examinar esos micos. Insisto, las altas Cortes son la contención democrática contra esta dictadura mafiosa”.
