La proposición aditiva de darle la facultad al Gobierno Nacional para levantar la suspensión de las órdenes de captura a los excombatientes de las Farc, generó también pronunciamientos de la comunidad internacional. Este miércoles la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado para preservar la seguridad jurídica para la reincorporación y aseguró que este artículo, tal como está redactado, "tiene el potencial de afectar las garantías a los exmiembros que dejaron las armas y están en el tránsito a la vida civil".
La ONU recordó que en el informe al Consejo de Seguridad donde se realizó el balance del proceso de paz al finalizar el gobierno anterior, el Secretario General António Guterres dijo que: "Ningún proceso de paz está exento de incertidumbres, pero la consecución de la paz en Colombia se ha visto entorpecida por niveles de incertidumbre que han generado recelos profundos y comprensibles entre los miembros de la FARC que se reincorporan a la sociedad", en cuestiones que están en el centro de cualquier acuerdo: garantías jurídicas, políticas y de seguridad.
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Respecto a la proposición que se le adicionó a la prórroga de la Ley de orden público, aseguró que no hace mención explícita a los excombatientes reincorporados, sino que la referencia posterior ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) "pone de manifiesto que la proposición está dirigida a quienes están en proceso de reincorporación".
"Al respecto, el Decreto Ley 900 del 2017, que modifica aspectos de la Ley 418, establece con toda claridad que las órdenes de captura derivadas de delitos competencia de la JEP cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 quedarán suspendidas hasta que la JEP resuelva la situación jurídica de dichas personas. Ninguna otra autoridad tiene la potestad de reactivar dichas órdenes", agregó.
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Las normas de carácter constitucional, según el organismo internacional, establecen la competencia exclusiva de la Justicia Especial para decidir sobre dichas órdenes en el marco del régimen de condicionalidad y recordaron que en lo referente a la Seguridad y Estabilidad Jurídica del Proceso de Paz, el Estado "tiene la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final".
"La proposición aditiva no solo afecta la seguridad jurídica de quienes están en proceso de reincorporación, sino que además socavaría los cimientos de la justicia transicional consagrados en la Constitución", manifestaron.Por último, la ONU agregó que el levantamiento de las órdenes de captura por delitos cometidos antes de la firma de Acuerdo final y que son competencia de la JEP, "no es un obstáculo para que la jurisdicción ordinaria actúe frente a delitos cometidos después de esta fecha, incluso aquellos delitos contra la seguridad pública tipificados en el Código Penal colombiano".
