Este martes se lleva a cabo el último debate del proyecto de Ley de Presupuesto 2022 en el Congreso de la República. A excepción de otras ocasiones, esta discusión incluye artículos que se alejan de lo netamente económico como la suspensión de la Ley de Garantías y el traslado exprés a Colpensiones, dos temas que han dividido opiniones.
Este proyecto busca asignar 350,4 billones de pesos para el próximo año. La ponencia radicada para segundo debate cuenta con varias novedades, entre ellas, que se compone de 139 artículos, mientras que en primer debate en las comisiones económicas se aprobaron 126. Es decir, la iniciativa llega con 13 puntos nuevos y con 12 modificados.
El Ministerio de Hacienda ha señalado que el objetivo es aumentar la inversión en distintos sectores y también dar continuidad a programas sociales, entre ellos, Familias en Acción, Ingreso Solidario, compensación del IVA, asistencia a Primera Infancia y Colombia Mayor.
El sector de educación será el de mayores recursos, ya que recibirá $49,4 billones y superando los $47 billones que fueron aprobados para 2021. El segundo sector con más recursos es defensa, que tendrá $41,9 billones y sube desde los $39 billones que fueron destinados para el año en curso. Para el segmento de salud se destinarán $41,8 billones. Para trabajo un poco más de $34,5 billones y para hacienda e inclusión social $24,3 billones y $22,9 billones, respectivamente.
La oposición se mostró en desacuerdo con algunos puntos del proyecto. Entre ellos, el artículo que establece la eliminación de la Ley de Garantías, el cual fue catalogado como un mico del proyecto presentado por el gobierno de Iván Duque, y el traslado exprés a Colpensiones.
Ley de Garantías
Esta norma busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país, promueve el ejercicio transparente de los recursos públicos y establece restricciones y prohibiciones que deben ser acatadas por las entidades públicas. En resumidas cuentas, tiene como fin evitar que los recursos públicos sean utilizados en los periodos previos a elecciones por los grupos políticos para hacer campaña.
Prevé expresamente que en un término de cuatro meses anteriores a las elecciones, dentro del cual los alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, distrital o departamental, no pueden celebrar convenios o contratos para la ejecución de recursos públicos, entre otras restricciones.
Sin embargo, el Gobierno de Iván Duque quiere modificar la ley bajo el argumento de que ya no hay reelección presidencial -motivo por el cual se creó la norma- y entendiendo que la pandemia impidió la realización de obras en los primeros años de mandato de los dirigentes regionales.
Así las cosas, los alcaldes, gobernadores y dirigentes regionales podrían firmar contratos e inaugurar obras en los cuatros meses previos a elecciones, por lo que los grupos políticos podrían aprovechar a sus miembros electos para fortalecer sus campañas.
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Traslado exprés a Colpensiones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del proyecto de presupuesto, podrán acceder al traslado todos los hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años, y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.
Según las estimaciones realizadas para la inclusión del artículo, unas 19.000 personas que están actualmente en los fondos privados cumplen con los requisitos y podrían acceder al traslado. Este artículo le costaría al país 3,8 billones de pesos. El traslado solo se aplicaría para la vigencia de 2022. Para muchos congresistas el artículo en cuestión es un 'mico' que representará mayores gastos al Estado.
Asofondos, gremio que agrupa a los fondos privados como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, señaló que esta medida ahondaría las desigualdades en el país, ya que beneficiaría a quienes más tienen y no a las mayorías que poco o nada tienen.
Por su parte, la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) indicó que aumentaría el déficit fiscal en el futuro, lo que se traduciría en mayores impuestos para los ciudadanos y acrecentaría de manera directa la desigualdad tanto en las pensiones como en el ingreso de los hogares.
Desfinanciación del programa de sustitución de cultivos
Según advirtió el representante José Daniel López, la sustitución de cultivos quedaría desfinanciada en $347.000 millones porque en el proyecto de presupuesto no se proponen fuentes de financiación para compensar los recursos que dejará de percibir el programa, debido al cambio de destino del impuesto al carbono que se decidió en la pasada reforma tributaria.
Antes, el 70% del recaudo del impuesto al carbono se destinaba para la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, por una proposición de última hora que presentaron algunos congresistas del Centro Democrático en la pasada reforma tributaria, se decidió que el 100% del recaudo se destinaría al Fondo Nacional Ambiental. Creándose así un déficit para ejecutar los proyectos del PNIS en el año 2022.
