La Plenaria del Senado aprobó el proyecto que reformará el Código General Disciplinario. La iniciativa liderada por la Procuraduría General de la Nación ha generado profunda controversia porque le atribuye facultades jurisdiccionales y amplía la planta de personal de esa entidad con nuevos puestos de trabajo.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco manifestó a las plenarias del Senado y Cámara que "Esto era un tema de país, era un tema de respetar las instituciones, de entender que la institucionalidad es fundamental para vivir en paz".
Esta iniciativa fue presentada luego de que la Procuraduría acogiera lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El proyecto busca fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular. Es decir, busca que a la Procuraduría se le atribuyan más poderes para sancionar excepcionalmente a servidores públicos cuyas faltas impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
De esta manera, aquellos funcionarios de elección popular que cometieron delitos asociados a la corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros agravantes, serán investigados, juzgados y sancionados.
De acuerdo con la jefe del Ministerio Público, este proyecto es un avance y un respaldo para que la institución siga cumpliendo con sus funciones.
“Nadie sino solo una nueva Constituyente y una nueva Constitución y una reforma constitucional pueden eliminar la Procuraduría General de la Nación", afirmó Cabello.
¿En qué consiste el proyecto?
El articulado está planteado bajo tres puntos principales; facultades jurisdiccionales, para que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad; división en las fases investigativas, para garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento sean atendidas por diferentes funcionarios y doble instancia, ya que plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias.
Para cumplir los tres puntos anteriormente mencionados la Procuraduría propone en el artículo 53 que se revista al presidente de "precisas facultades extraordinarias, por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para ampliar la planta de personal, definir los términos y formas de elección de las salas disciplinarias que se deben conformar privilegiando el mérito y la paridad de género".
En ese sentido, solicita que se la atribuyan facultades para realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión con el fin de garantizar la implementación y aplicación del procedimiento que se crea en la reforma.
