La Plenaria del Senado aprobó el proyecto que reformará el Código General Disciplinario. La iniciativa liderada por la Procuraduría General de la Nación ha generado profunda controversia porque le atribuye facultades jurisdiccionales y amplía la planta de personal de esa entidad con nuevos puestos de trabajo.
La iniciativa fue presentada luego de que la Procuraduría acogiera lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
El proyecto busca fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular. Es decir, busca que a la Procuraduría se le atribuyan más poderes para sancionar excepcionalmente a servidores públicos cuyas faltas impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.
El articulado está planteado bajo tres puntos principales; facultades jurisdiccionales, para que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad; división en las fases investigativas, para garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento sean atendidas por diferentes funcionarios y doble instancia, ya que plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias.
Para cumplir los tres puntos anteriormente mencionados la Procuraduría propone en el artículo 53 que se revista al presidente de "precisas facultades extraordinarias, por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para ampliar la planta de personal, definir los términos y formas de elección de las salas disciplinarias que se deben conformar privilegiando el mérito y la paridad de género".
En ese sentido, solicita que se la atribuyan facultades para realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión con el fin de garantizar la implementación y aplicación del procedimiento que se crea en la reforma.
El proyecto de ley estatutaria plantea que como se busca dividir las facultades jurisdiccionales para garantizar la doble instancia y la doble conformidad, se tendría que contar con dos procuradores por proceso: uno para instruir y otro para juzgar. Así las cosas, la Procuraduría tendría que contratar más personal -los funcionarios judiciales tendrían sueldos de entre 10 y 30 millones de pesos- y posiblemente ampliar sus instalaciones para recibir a sus nuevos trabajadores.
El ente de control cuenta con cerca de 4.137 empleados de planta y un presupuesto de gastos de funcionamiento de $724.000 millones anuales. Cada empleado de planta le cuesta al Estado $175 millones al año.
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El senador Fabio Amín, ponente coordinador del proyecto, enfatizó en que la contratación de nuevo personal se hará solo si es estrictamente necesario, ya que la coyuntura actual de la pandemia implica que haya el menor gasto financiero posible en cuanto a la reestructuración de la planta la entidad.
El argumento de la procuradora Margarita Cabello para defender el proyecto es que actualmente hay miles de procesos que no han podido avanzar por falta de personal que los asuma. "Hoy tenemos alrededor de 12 mil funcionarios públicos de elección popular que son objeto de investigación o sujetos disciplinables, que desde hace un año no han podido ser investigados, no han podido ser sancionados, y esto es impunidad", señaló la funcionaria.
A la fecha, se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 Representantes a la Cámara y 21 Senadores. Por ello, señaló que es una propuesta que descongestionaría los procesos que pasan por la Procuraduría.
Amín afirmó que la aprobación del proyecto evitará que miles de procesos queden en la impunidad. "Si no aprobamos esta ley, se echan a la caneca cerca de 10.000 procesos disciplinarios adelantados contra alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados".
Desde el año 2019, el Gobierno Nacional ha respaldado reformas en la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría para aumentar sus presupuestos y nóminas. Hace un año y medio, apoyó la creación de una reforma constitucional promovida por la Contraloría con la que se duplicó el presupuesto de ese ente de control, para financiar de esa manera la creación de 1.670 nuevos cargos.
En diciembre de 2020 se aprobó una reforma del Código Electoral liderada por la Registraduría Nacional con la que se aumentó el presupuesto de la entidad en un 122% y se destinaron recursos por un billón de pesos para la creación de ese nuevo Código Electoral.
Vale la pena mencionar que, en una comunicación enviada a la procuradora general, la sala plena del Consejo de Estado advirtió que la reforma "desconoce la función constitucional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo".
El Consejo de Estado señaló que la Procuraduría "no está prevista en la Constitución Política como un cuerpo que forme parte de la rama jurisdiccional, ni puede desempeñar las funciones que a esa rama le corresponden".
La Misión de Observación Electoral (MOE) también se había pronunciado con respecto al artículo 1 del proyecto, allí se estaría insistiendo en contravía de lo que señala la Corte IDH, en concentrar en la Procuraduría facultades de investigación y sanción de destitución, suspensión e inhabilidad contra todos los funcionarios públicos, sean estos elegidos o no popularmente.
Lo anterior, preocupa a la MOE, pues "el proyecto busca convertir a los procuradores en jueces, quienes tendrían el poder de abrir investigaciones, y de ser el caso, sancionar e inhabilitar a funcionarios".
