Jennifer Pedraza y otros nueve representantes presentaron una moción de censura contra el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El trámite queda en manos de la mesa directiva de la Cámara, que revisa requisitos y agenda el debate.
Los citantes presentaron la moción como un control político por el manejo del sector salud y por lo que describen como fallas sostenidas en acceso a servicios y entrega de fármacos. También dijeron haber reunido diez firmas para impulsar el trámite.
¿Por qué una moción de censura?
La moción de censura es un mecanismo del Congreso para exigir responsabilidad política a ministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo. No es solo un debate: el procedimiento termina en una votación que decide si el funcionario queda censurado.
El primer filtro es formal: la solicitud debe cumplir requisitos de radicación y de respaldo mínimo. Después viene el debate, con citación al ministro para que responda por hechos concretos y por decisiones de su cartera. El cierre es una decisión de la plenaria: censurar o negar la censura.
En pocas palabras, lo que se discute no es si el sistema tiene problemas, sino si el ministro cargará con la cuenta política de esos resultados.
Los motivos de la moción
El documento organiza sus reclamos en cuatro bloques:
- Tutelas: señalan un aumento de acciones judiciales como termómetro de un sistema que no está respondiendo a tiempo.
- Medicamentos: ponen el foco en demoras e interrupciones de tratamientos, con énfasis en pacientes crónicos y de alto costo.
- Dirección: cuestionan la capacidad de conducción del ministerio para coordinar, supervisar y corregir cuellos de botella.
- Declaraciones: incluyen el manejo público de casos sensibles, bajo la idea de que el tono del ministro influye en la confianza institucional.
¿Qué está en juego?
La moción llega con la salud instalada en la conversación diaria: dificultades para conseguir medicamentos, tratamientos que se frenan y ciudadanos que recurren a la acción de tutela para desbloquear atención.
Ahí hay un choque de responsabilidades. Parte de la operación recae en las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y en la red de prestadores, pero el debate apunta a otra capa: la capacidad del Estado para ordenar el sistema desde el MinSalud y hacer que las piezas se muevan.
En términos políticos, el costo se mide en dos planos. Uno, el de la experiencia del paciente: acceso real y continuidad. Dos, el de poder: el Congreso usando una herramienta que, si prospera, cambia al responsable del sector y redefine la relación del Gobierno con la Cámara.
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¿Qué sigue?
La mesa directiva revisa el cumplimiento de requisitos formales y, si la solicitud avanza, se fija fecha para la citación del ministro. En el debate, los promotores buscarán sostener una línea clara de responsabilidad por resultados, no una lista dispersa de casos.
Luego viene la plenaria: se somete a votación la censura. Si la Cámara aprueba la moción, el ministro sale del cargo. Si la niega, el Gobierno se queda con el ministro, pero con el registro político de lo discutido y con un termómetro público sobre el manejo de la salud.
