En su busca de 'paz total', el Gobierno estudia vías legislativas para el sometimiento de miembros de estructuras armadas ilegales, dentro de las que destacan, a nivel nacional, el Clan del Golfo (llamadas también Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y La Cordillera.
El periodista Daniel Coronell reveló en La W uno de los documentos que serían determinantes en el proceso de desarme de estructuras ilegales en Colombia. A ese texto llegó gracias a la reunión que en Nueva York tuvieron Laura Sarabia, jefa del gabinete de Petro, y Mauricio Pava Lugo, conjuez de la Corte Suprema de Justicia y asesor de la reforma al Código de Procedimiento Penal.
- Lea también: “Las disidencias fueron construidas por Duque”: Petro
- Además: Disidencias de las Farc anuncian cese al fuego contra la fuerza pública
El título del texto es “Resumen de proyecto de ley para la persecución penal efectiva de las estructuras de crimen organizado”. Si el presidente Gustavo Petro le da visto bueno a la iniciativa legislativa, esta llegaría la próxima semana al Congreso de la República para entrar en discusión parlamentaria.
Uno de los puntos sobre los que más se hace énfasis tiene que ver con el uso de la palabra sometimiento que, a diferencia de acogimiento, representa un respeto por la Constitución Política, que tiene integrado el Acuerdo con las Farc.
Son 87 los artículos del proyecto de ley en los que se buscaría la reforma de cuatro leyes: Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Penitenciario y Carcelario, y una adición al capítulo de sometimiento a la Justicia en el Código de Procedimiento.
El proyecto toma como referencia una ley de Estados Unidos llamada ‘Acta Contra Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado’, así como antecedentes de sometimiento planteados durante los gobiernos de César Gaviria y Álvaro Uribe.
El fiscal general y el defensor del Pueblo tendrían un papel determinante tras la firma de un pacto entre el Estado y las estructuras armadas. El fiscal estaría en la etapa de imputación y todas las solicitudes deberían pasar por su escritorio. El defensor entraría en representación de las víctimas.
También se plantea un trato diferencial para los militantes rasos de las organizaciones armadas, que tendrían que pasar entre cuatro y cinco años en programas de reinserción.
En cuanto a los jefes de las estructuras, se implementarían paulatinamente permisos y medidas que flexibilicen las penas de los condenados. Con la reforma al Código Penitenciario se busca que las penas se humanicen y no haya tratos indignos contra los reos.
Asimismo, se habla de un beneficio denominado “Entrega anticipada de bienes”, que permitiría:
“1- Conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de una actividad ilícita, siempre y cuando su valor comercial no supere el diez por ciento (10 %) del total de los bienes objeto de colaboración.
2- Hacerse acreedor de hasta el diez por ciento (10 %) del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados”.
Sobre este último punto se espera que haya polémica en el Congreso, no solo por la naturaleza misma de la propuesta, sino porque los criminales podrían hacer pasar muchos de sus bienes como no relacionados con su ejercicio delictivo.
