Bastante expectativa ha generado el anuncio que hizo días atrás la Fiscalía respecto a eventuales beneficios penales que podría recibir María del Pilar Hurtado en el juicio por las chuzadas, a cambio de su colaboración y saber de una vez por todas quién ordenó las interceptaciones.
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Sin embargo, el juicio por las chuzadas que le sigue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a Hurtado y al exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno, ya llegó a su final y sólo falta que ese alto tribunal profiera sentencia condenatoria o absolutoria.
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Para entender un poco más lo que está buscando la Fiscalía, Kienyke.com habló con el abogado defensor de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, Jaime Camacho, quien advirtió que mientras no sea proferido el fallo, su cliente no va rendir ningún interrogatorio o acogerse a algún beneficio.
Jaime Camacho, abogado de María del Pilar Hurtado
Respecto de los supuestos beneficios que podría recibir Hurtado, el abogado aseguró que hay un problema de interpretación.
“La propuesta del fiscal implica la aplicación de normas del código pasado, que efectivamente posibilitan beneficios a personas condenadas, pero este juicio se ha adelantado con otro código diferente que no tiene esa posibilidad. Entonces es un problema de interpretación nuevo, que habrá que examinar con mucho más cuidado, siempre y cuando además exista una condena”, aseguró.
Yidis Medina: “¿Ahora sí creen lo que estoy diciendo?”
Para aclarar el panorama de los beneficios que puede recibir un procesado con la situación jurídica de María del Pilar Hurtado, Kienyke.com consultó la opinión del exfiscal Guillermo Mendoza Diago.
El exdirector del ente acusador explicó inicialmente qué beneficios se pueden otorgar antes de culminar el juicio.
“Los beneficios previos al juicio, son el principio de oportunidad y los preacuerdos y negociaciones. El principio de oportunidad se otorga antes del inicio de la audiencia de juzgamiento basado en la colaboración a la justicia. Los preacuerdos y negociaciones, que no son lo mismo que el principio de oportunidad, tienen procedencia hasta el momento que sea interrogado el acusado durante el juicio”, aseguró.
Los beneficios que se pueden conceder después de terminar el juicio, que aplicaría al caso de la exjefe de Inteligencia, relató Mendoza Diago, son tres.
“Si la sentencia llega a ser condenatoria, el procesado para que pueda recibir beneficios como la suspensión de la condena, se necesita que la pena no supere los cuatro años. Asimismo, el de la libertad condicional se pide cuando se ha cumplido las tres quintas partes de la pena, y el de la prisión domiciliaria depende de la pena que se imponga y la concede un juez de ejecución de penas, no la Fiscalía”, explicó el exfiscal general.
Guillermo Mendoza manifestó que hay un artículo en el Código Penal “que impide que se concedan beneficios para casos como por ejemplo cuando la persona es condenada por delitos contra la administración pública, interceptación ilícita de comunicaciones”.
Actualmente María del Pilar Hurtado está siendo procesada por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, y de ser condenada, recibiría una condena superior a los cuatro años.
“Por ahora no se le pueden ofrecer beneficios (a Hurtado) porque aún no ha terminado el proceso, e inclusive no se cuál podría ser ese beneficio que pudiera darse si llegara a ser condenada”, señaló Mendoza.
Difícilmente la exdirectora del DAS podría acogerse a algún beneficio que reduzca su pena, y en consecuencia es remota la posibilidad que colabore con la justicia en proceso contra otros exfuncionarios relacionados con el escándalo de las chuzadas.
¿A quién podría salpicar María del Pilar Hurtado?
Indudablemente la Fiscalía está ansiosa por conocer quién ordenó las chuzadas contra magistrados de altas cortes, políticos de la oposición y periodistas. Algunos testigos en el juicio contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado han dicho que las órdenes venían de la Casa de Nariño, y que el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, tenía especial interés en averiguar supuestas infiltraciones del narcotráfico en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El otro ‘pez gordo’ que podría verse implicado en un proceso judicial por las declaraciones que pueda llegar a hacer Hurtado Afanador es el hoy senador y exasesor presidencial José Obdulio Gaviria. Varios testimonios en el juicio por las chuzadas mencionaron que el exasesor era quien hacía de puente entre Uribe Vélez y la exjefe del DAS. De hecho, los mismos testigos dijeron que él mismo decía también a quién había que interceptar.
El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo fue quien reveló en qué procesos sería indispensable la colaboración de María del Pilar Hurtado. Dice que además de Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria, hay procesos que eventualmente se pueden activar como el del exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, el exviceministro de Defensa Jorge Mario Eastman y el exjefe de comunicaciones de Presidencia, Cesar Mauricio Velázquez.
Fuentes al interior de la Corte Suprema indicaron que el fallo estaría listo para el mes de marzo.
Jaime Camacho, abogado de María del Pilar Hurtado
Respecto de los supuestos beneficios que podría recibir Hurtado, el abogado aseguró que hay un problema de interpretación.
“La propuesta del fiscal implica la aplicación de normas del código pasado, que efectivamente posibilitan beneficios a personas condenadas, pero este juicio se ha adelantado con otro código diferente que no tiene esa posibilidad. Entonces es un problema de interpretación nuevo, que habrá que examinar con mucho más cuidado, siempre y cuando además exista una condena”, aseguró.
Yidis Medina: “¿Ahora sí creen lo que estoy diciendo?”
Para aclarar el panorama de los beneficios que puede recibir un procesado con la situación jurídica de María del Pilar Hurtado, Kienyke.com consultó la opinión del exfiscal Guillermo Mendoza Diago.
El exdirector del ente acusador explicó inicialmente qué beneficios se pueden otorgar antes de culminar el juicio.
“Los beneficios previos al juicio, son el principio de oportunidad y los preacuerdos y negociaciones. El principio de oportunidad se otorga antes del inicio de la audiencia de juzgamiento basado en la colaboración a la justicia. Los preacuerdos y negociaciones, que no son lo mismo que el principio de oportunidad, tienen procedencia hasta el momento que sea interrogado el acusado durante el juicio”, aseguró.
Los beneficios que se pueden conceder después de terminar el juicio, que aplicaría al caso de la exjefe de Inteligencia, relató Mendoza Diago, son tres.
“Si la sentencia llega a ser condenatoria, el procesado para que pueda recibir beneficios como la suspensión de la condena, se necesita que la pena no supere los cuatro años. Asimismo, el de la libertad condicional se pide cuando se ha cumplido las tres quintas partes de la pena, y el de la prisión domiciliaria depende de la pena que se imponga y la concede un juez de ejecución de penas, no la Fiscalía”, explicó el exfiscal general.
Guillermo Mendoza manifestó que hay un artículo en el Código Penal “que impide que se concedan beneficios para casos como por ejemplo cuando la persona es condenada por delitos contra la administración pública, interceptación ilícita de comunicaciones”.
Actualmente María del Pilar Hurtado está siendo procesada por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, y de ser condenada, recibiría una condena superior a los cuatro años.
“Por ahora no se le pueden ofrecer beneficios (a Hurtado) porque aún no ha terminado el proceso, e inclusive no se cuál podría ser ese beneficio que pudiera darse si llegara a ser condenada”, señaló Mendoza.
Difícilmente la exdirectora del DAS podría acogerse a algún beneficio que reduzca su pena, y en consecuencia es remota la posibilidad que colabore con la justicia en proceso contra otros exfuncionarios relacionados con el escándalo de las chuzadas.
¿A quién podría salpicar María del Pilar Hurtado?
Indudablemente la Fiscalía está ansiosa por conocer quién ordenó las chuzadas contra magistrados de altas cortes, políticos de la oposición y periodistas. Algunos testigos en el juicio contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado han dicho que las órdenes venían de la Casa de Nariño, y que el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, tenía especial interés en averiguar supuestas infiltraciones del narcotráfico en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El otro ‘pez gordo’ que podría verse implicado en un proceso judicial por las declaraciones que pueda llegar a hacer Hurtado Afanador es el hoy senador y exasesor presidencial José Obdulio Gaviria. Varios testimonios en el juicio por las chuzadas mencionaron que el exasesor era quien hacía de puente entre Uribe Vélez y la exjefe del DAS. De hecho, los mismos testigos dijeron que él mismo decía también a quién había que interceptar.
El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo fue quien reveló en qué procesos sería indispensable la colaboración de María del Pilar Hurtado. Dice que además de Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria, hay procesos que eventualmente se pueden activar como el del exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, el exviceministro de Defensa Jorge Mario Eastman y el exjefe de comunicaciones de Presidencia, Cesar Mauricio Velázquez.
Fuentes al interior de la Corte Suprema indicaron que el fallo estaría listo para el mes de marzo.
