El Congreso de Colombia aprobó una reforma que modifica las reglas del juego electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La nueva ley, que solo espera la sanción del presidente Gustavo Petro para entrar en vigencia, establece una veda inédita para la realización y publicación de encuestas de intención de voto hasta tres meses antes del inicio del proceso de inscripción de candidaturas, lo que en la práctica significa que estarán prohibidas hasta el 31 de octubre de 2025.
La iniciativa, respaldada por congresistas de distintos partidos como Angélica Lozano (Alianza Verde), Clara López (Pacto Histórico) y Paloma Valencia (Centro Democrático), fue presentada como parte de un “acuerdo nacional”. Sin embargo, generó desconcierto en las principales firmas encuestadoras del país, que afirman no haber sido consultadas. “Nadie nos consultó”, afirmó Pablo Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría, mientras que César Caballero, de Cifras y Conceptos, calificó la medida como sorpresiva.
Además de restringir temporalmente la publicación de encuestas, la nueva normativa impone condiciones más estrictas sobre su elaboración. Las encuestas nacionales deberán incluir obligatoriamente a habitantes de municipios con más de 800.000 personas y representar de forma proporcional a todas las regiones del país. También se exige que los estudios de favorabilidad y reconocimiento contemplen a personas con “notoriedad pública significativa” o “reconocimiento manifiesto”, aunque la norma no aclara cómo se determinan dichos criterios.
Otra novedad es la creación de una Comisión Técnica dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), integrada por académicos en estadística, que auditará la calidad metodológica de las encuestas. A ello se suma la obligación de entregar al CNE la base de datos de cada estudio, garantizando el anonimato de los encuestados, y la posibilidad de enfrentar sanciones civiles y penales en caso de incumplimiento.
Para expertos como Martín Orozco, gerente de Invamer, esta ley representa una limitación al acceso ciudadano a información clave sobre el panorama político. “La gente no podrá expresarse a través de un método científico que permite conocer hacia dónde van las preferencias”, advirtió.
Aunque sus promotores aseguran que se trata de una evolución de propuestas discutidas desde años anteriores, la aprobación sin mayor debate técnico ni consulta al sector afectado ha abierto un nuevo frente de discusión sobre la libertad de información, la transparencia electoral y el papel de los estudios de opinión en la democracia colombiana.
