Vicepresidenta a responder por reunión con bancos

Mié, 14/08/2019 - 12:17
Luego de que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, confirmara que las reuniones con los bancos involucrados por el caso de la Ruta del Sol II se realizaron en la vicepres
Luego de que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, confirmara que las reuniones con los bancos involucrados por el caso de la Ruta del Sol II se realizaron en la vicepresidencia de la República, la oposición pidió a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que responda.

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Este martes en el debate de control político que se llevó a cabo en el Senado para que MinTransporte aclarara toda la situación que se dio en la negociación entorno al caso de la Ruta del Sol II por Odebrecht, la jefa de esta cartera explicó que la reunión se hizo en ese lugar porque solicitud de los bancos, y no lo decisión propia de Orozco. "Los bancos solicitaron una reunión, el 15 de julio, en Vicepresidencia de la República para hacer una propuesta. En esa participaron siete bancos, el ministro de Hacienda y su viceministro, la ministra de Transporte y su viceministro", dijo. Por tal razón, congresistas de la oposición anunciaron que radicarán una proposición para citar a la vicepresidenta Ramírez a un nuevo debate de control político que se realizará el próximo 27 de agosto para que responda por este tema. "Es obvio que la vicepresidenta tiene una amistad entrañable, cercanísima, de negocios y actividades asociales de todo tipo con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, entonces ella tiene un impedimento que no es de 12 meses, sino permanente y ella está manejando desde la Vicepresidencia todos los negocios de Luis Carlos Sarmiento de infraestructura", señaló. Cabe mencionar que esta polémica se generó por la decisión del Tribunal de Arbitramento, de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre el caso de la Ruta del Sol II, en el que ordenó aplicar el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, reconociendo la condición de acreedores de buena fe a los bancos y dispuso pagar un remanente de $211.273 millones al Estado colombiano por haber declarado la nulidad del contrato. El monto corresponde a una cantidad menor al acuerdo que estaba buscando entre el Gobierno, a través de MinTrasnporte y las entidades financieras, que ascendía a alrededor de 1,2 billones de pesos.
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