La Fiscalía General de la Nación imputó a Juan Camilo Sánchez Torres por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con el proyecto urbanístico San Jacinto, ubicado en la vereda Sabana de Villa de Leyva, Boyacá. Durante la audiencia, Sánchez Torres no aceptó los cargos.
El caso tiene relación con la investigación que también compromete al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, quien fue capturado por el CTI y posteriormente enviado a un centro carcelario, mientras avanza el proceso en su contra por presuntas exigencias de dinero y otros beneficios para facilitar trámites urbanísticos. El mandatario local tampoco aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
¿Cuál era la relación entre Sánchez y el alcalde?
De acuerdo con la investigación, Sánchez Torres habría sido vinculado al proyecto San Jacinto por petición del alcalde Gamboa. Su papel, según la Fiscalía, era actuar como supuesto enlace o intermediario para hacer seguimiento a los trámites del proyecto.
Sin embargo, el ente acusador sostiene que la empresa ya contaba con asesoría técnica y jurídica, por lo que esa contratación no habría sido necesaria. Además, la Fiscalía señala que el alcalde habría pedido mejorar las condiciones económicas de Sánchez Torres, lo que aumentó las sospechas sobre su vinculación.
Más de $48 millones bajo investigación
Según la Fiscalía, entre junio de 2025 y abril de 2026, Juan Camilo Sánchez Torres habría recibido $48.471.084 por cuenta de esa contratación. Para el ente investigador, esos pagos estarían relacionados con las presuntas irregularidades que rodean el trámite del proyecto urbanístico.
La Fiscalía también ha señalado que el alcalde Gamboa Chaparro habría solicitado dinero y beneficios a la representante legal de una empresa de inversiones, como parte de las presuntas exigencias para facilitar la expedición de una licencia de construcción.
El proceso continúa
Por ahora, el caso seguirá en manos de la justicia. La imputación contra Sánchez Torres no representa una condena, sino el inicio formal de una investigación penal en su contra.
Tanto él como el alcalde de Villa de Leyva mantienen la presunción de inocencia, mientras las autoridades avanzan en la recolección y presentación de pruebas.
