El gobierno nacional logró esta semana la hazaña de aprobar dos de sus proyectos clave. Uno de ellos fue la reforma tributaria, que terminó aprobada en Cámara y ahora pasa a conciliación; mientras la paz total, clave para lo que será el plan de apaciguar totalmente el conflicto en el territorio, pasó finalmente a sanción presidencial.
Con una votación de 128 por el sí y apenas 7 por el no en la Cámara de Representantes, el texto de conciliación de este proyecto subió el último escaño que necesitaba antes de convertirse en ley, ahora solo faltando la firma por parte del presidente de la República. Algo que fue celebrado por lo alto por el ministro del Interior, Alfonso Prada.
“Lo que significa construir la paz total en el territorio es que no haya un solo muerto producto de la violencia y que no se acueste un niño con hambre en Colombia. Ese es el verdadero cambio.", señaló Prada.
En ese orden de ideas, cabe preguntarse: ¿Qué significa para Colombia la aprobación final de un proyecto que lleva detrás el grandilocuente apodo de la “paz total” y que se plantea la paz como “política de Estado”?. A continuación, diez claves para entender este importante proyecto del Gobierno Nacional.
1. ¿La paz como política de estado?
Lo primero hay que tener en cuenta es que el denominado proyecto de la paz total corresponde a la prórroga de la Ley 448 de 1997, más conocida como de orden público, que tiene como objetivo “consagrar los instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones".
En este caso en específico, lo que hizo el gobierno fue darle un nuevo enfoque al asunto, cambiando parte de su articulado o incluyendo nuevos propuestas, esta vez con el fin de “definir la política de paz como política de Estado”. Dotando de nuevas herramientas para, por ejemplo, negociar con grupos armados.
2. ¿Qué es la paz total?
En la aprobada ley de la república, se define la “paz total” como una forma de volver “prioritaria y transversal” la paz en asuntos de Estado, garantizando no solo el cumplimiento a cabalidad de los acuerdos de paz firmados en el pasado, sino también garantizando nuevos mecanismos para dialoga con grupos armados y delincuencia de alto impacto.
En el texto se deja claro además que cualquier instrumento en el marco de la “paz total” deben regirse por principios como evitar la impunidad, garantizar la seguridad de los colombianos, condiciones de no repetición y acceso a la verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas.
De igual forma, se deja claridad de que todo irá encaminado a construir una cultura de reconciliación y no estigmatización, también contando con la participación, por ejemplo, del sector religioso.
3. A sentarse a negociar
La paz total del gobierno contempla dos figuras de procesos de negociación, que si bien no llegan a ser novedosas al 100%, si tienen particularidades que son importantes de señalar. El primero corresponde a la facultad para negociar con grupos armados organizados al margen de la ley, que tengan la característica de tener una línea de mando y control territorial que le permita realizar operaciones de corte militar. Para los que aplican diálogos con reconocimiento político que pueden derivar en acuerdo de paz.
Otro foco serán los grupos armados organizados de crimen de alto impacto, para los cuales el gobierno buscará su sometimiento a la justicia y desmantelamiento. Estas deben ser organizaciones plurales con organizaciones diversas, dedicadas a la ejecución permanente o continua de conductas punibles.
4. Grupos armados de crimen de alto impacto
Posiblemente uno de los cambios más significativos es el que abre la puerta a entablar conversaciones con grupos con los que antes no era posible hacerlo, a través de una modificación de un artículo de la ley 1941 de 2018 que faculta al Gobierno para acercarse y conversar con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
Para ello, el grupo en cuestión debe manifestar voluntad de paz y de transitar a un Estado de derecho, a lo cual el Gobierno responderá con los términos de sometimiento a la justicia que considere “necesarios para pacificar los territorios”. Para ello, al igual que los grupos al margen de la ley, deberán delegar un miembro-representante o vocero.
5. Extensión de beneficios
En términos generales no cambia mucho la situación para grupos al margen de ley, como el caso de las Farc en el pasado. No obstante, las disposiciones antes estipuladas para ellos, ahora aplican para los grupos de crimen de alto impacto.
Entre estos: acordar mecanismos de verificación nacional e internacional de los acuerdos, ubicación temporal de sus miembros en terrenos donde no aplican órdenes de captura normales o con fines de extradición, la realización de acuerdos parciales de carácter vinculante e incluso el acceso a incentivos políticos, legales y socioeconómicos (toda vez que haya colaborado con información para desmantelar economías ilegales.
6. A cumplir los acuerdos de paz
El cambio a la ley de orden público incluye distintas garantías para el acuerdo final del conflicto firmado entre el Gobierno y las Farc, proponiendo para tal fin fijar políticas, programas y proyectos, para los cuales también se dejan estipuladas garantías presupuestales desde el Gobierno Nacional.
De hecho, parte de las modificaciones al artículo 6 de la ley 418 de 1997, es la inclusión del capítulo “proyectos, políticas y programas para la construcción de paz” dentro del Plan Nacional de Desarrollo y garantizando el pleno funcionamiento de los mecanismos de implementación y verificación contemplados en el Acuerdo.
7. ¿El fin del servicio militar?
Un punto clave en el texto de la “paz total” contempla la creación del “servicio social para la paz”, que podrá ser sustituto del servicio militar obligatorio para aquellas personas que no deseen vincularse a las Fuerzas Armadas. Dicha prestación será igualmente de 12 meses, remunerado y contará con una certificación equivalente a la “libreta militar”.
Las personas que opten por esta opción prestarán “servicio social” realizando alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto, la promoción y defensa de derechos humanos, verificación de los acuerdos de paz, promoción de la política pública de paz, protección de la naturaleza, del patrimonio, así como trabajando con población discapacitada o afectada por desastres naturales, entre otros.
8. Creación de las regiones de paz
Una de las novedades fuertes del texto es la creación de las denominadas “regiones de paz”, que serán territorios donde se adelanten, previa autorización, diálogos de paz. Para designarlos, serán prioizados los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios ZOMAC (que son los más afectados por la guerra), territorios étnicos y comunidades o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y tengan historial de olvido estatal.
En estos territorios, habrán comisionados de paz delegados por el presidente que si bien no están autorizados para firmar acuerdos, adelantar diálogos o realizar procesos de paz, la idea es que conversen activamente con la población civil y faciliten la materialización de los acuerdos.
Además, cabe aclarar que se especifica en la paz total que las regiones de paz “no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública”.
9. Participación de las mujeres
Uno de los últimos puntos del texto de paz total es la incorporación de un artículo a la ley de orden público que estipula la obligatoriedad de que las mujeres participen en cada uno de los procesos de paz adelantados entre el Gobierno Nacional y los grupos armados.
Esto entra en bloque con la garantía de la existencia de enfoques étnicos, ambientales, de género, de libertad religiosa y de la centralidad de las víctimas como principios transversales de todo acuerdo.
10. Desarme voluntario
Finalmente, el texto de la paz total crea el “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas”, que tendrá por ahora un plazo de 12 meses a partir de la sanción presidencial, que entregará beneficios a quienes entreguen a las autoridades armas de fuego fabricadas, hechizas, artesanales, legales o irregulares.
Entre los beneficios estarán: anonimato en la entrega, ausencia de responsabilidad penal por la fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y beneficios económicos para aquellos que sí cuenten con permiso legal de porte.
