La instalación del periodo legislativo 2021-2022 del Congreso de la República, llevado a cabo el 20 de julio con motivo del día de la independencia, no ha dejado de ser tema de conversación por cuenta de distintas situaciones que generaron revuelo entre los colombianos. Senadores asistiendo a la sesión con cascos de trabajo en homenaje a los fallecidos del Paro Nacional, el discurso de Duque que algunos consideran desconectado de la realidad del país y la derrota del senador Gustavo Bolivar en la elección de la vicepresidencia del Senado, fueron algunas de las joyas de la jornada
Sin embargo, si hay un tema que en este momento divide las opiniones políticas en el país, es el de la elección del parlamentario conservador, Juan Diego Gómez, como nuevo presidente del Congreso. La discusión se da, en gran medida, porque este fue uno de los personajes que apoyó el hundimiento por vencimiento de plazos de la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Este histórico texto, adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y firmado por Colombia en diciembre de 2019, tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, de participación pública en los procesos de toma de decisiones con impacto ambiental y acceso a la justicia en temas relacionados con la conservación del entorno, así como una mayor protección de los líderes medioambientales.
Gómez, precisamente, fue uno de los involucrados en los más de once meses de dilaciones políticas que se presentaron en el congreso para debatir este tema. En las últimas sesiones, como presidente de la Comisión II del Senado, fue coautor de la ponencia negativa presentada contra dicho acuerdo, según informa el portal Razón Pública.
De acuerdo con dicho medio, la incoherencia del senador conservador ha sido constante a lo largo de su carrera política. En alguna ocasión se pronunció a favor del proceso de paz en Colombia, pero luego le dio la espalda al proyecto legislativo que buscaba 16 curules para las víctimas del conflicto; en otra, por allá en 2018, publicó que el medio ambiente era “siempre su prioridad”, pero presuntamente fue parte del complot contra Escazú, un acuerdo regional creado para robustecer las herramientas de protección medioambientales en Latinoamérica y el Caribe.
Por supuesto, esta situación no pasó desapercibida para el grueso de colombianos y senadores, quienes rechazaron que personas con la filosofía de Gómez pudieran llegar a estar a cargo del precinto donde se debaten temas y proyectos de gran relevancia para la nación. Una de ellas fue precisamente la parlamentaria del Partido Verde, Angélica Lozano, quien rechazó la elección de Gómez sobre su candidato Antonio Sanguino.
Además, calificó al nuevo presidente del Congreso como un “uribista conservador”, cuestionando a los partidos políticos de oposición por darles su voto. En otros comentarios incluso señaló que la elección llegó como fruto de una alianza de varios senadores de estas bancadas con el uribismo, algo que también ha generado una ola de críticas contra Lozano.
Finalmente, la senadora también se pronunció frente al tema de Escazú, asegurando que era obvio que ellos no votarían por este candidato porque fue uno de los que impidió su ratificación en el anterior periodo legislativo.
“Juan Diego era el presidente de la Comisión II del Senado y él hundió, archivó, engavetó e hizo toda clase de trampas para no permitir la discusión y votación del Acuerdo de Escazú. Desde el mes pasado yo dije: el 20 de julio van a poner a Juan Diego, el Verde no va a votar por Juan Diego”, afirmó la senadora en entrevista con el Diario El Tiempo.
En dicha conversación, también aseguró que el Pacto Histórico se negó a votar por Sanguino porque tenía un acuerdo con conservadores y uribistas para garantizar el puesto de Bolívar en la vicepresidencia del Senado. Sin embargo eso nunca llegó a darse, ya que el parlamentario fue derrotado por el voto en blanco.
La situación no pasó desapercibida tampoco para los internautas, quienes casi de inmediato salieron a emitir sus opiniones al respecto. Uno de los puntos que destacaban era, precisamente, que significaba una falta de coherencia en la política tras el discurso de Duque en el que aseguró que los temas de medioambiente son y deberían seguir siendo una prioridad.
Aunque Escazú ha sido el eje principal de las críticas hacia el nuevo nombramiento del Congreso, no es el único antecedente por el que ciertas personas califican como dudosa su elección. Según Cuestión Pública, dentro de su accionar también se encuentran algunas conductas sospechosas de compra de tierras e involucramiento con personas salpicadas por narcotráfico.
De acuerdo con el portal, uno de estos hechos se dio en 2005, cuando el senador hizo sociedad con seis personas para comprar una finca en la vereda El Noral, en el municipio antioqueño de Copacabana. Al final, tres de estos socios terminaron relacionados con actos de corrupción y narcotráfico, siendo uno de ellos incluido por Estados Unidos en la Lista Clinton por pertenecer a una peligrosa estructura criminal al mando de un ex miembro del Cartel de Medellín, asociada también con Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A esto se le suma un lío de tierras que tiene la familia del senador desde hace varios años con Coopgranada, quien nunca ha podido hacer uso de una finca de 52 mil metros, a pesar de haber sido entregada como pago de una millonaria deuda por parte de un miembro de dicha familia.
En las tierras, ubicadas en el municipio antioqueño de Bello, la familia del senador habría intentado construir viviendas de interés social para mantener la propiedad del predio, una urbanización de nombre “Jardín de los sueños”. En su momento, Jesús Gómez Botero, padre del presidente del Senado, habría demandado a Coopgranada por no haber podido terminar de construir las casas y le exigió, junto a sus socios, una compensación de más de dos mil millones de pesos.
