Durante años, Colombia pareció avergonzarse de pronunciar palabras como seguridad, autoridad y cooperación militar. Mientras los grupos armados ampliaban su presencia, el narcotráfico recuperaba territorios y las comunidades quedaban atrapadas entre fusiles, el Gobierno saliente convirtió buena parte de la política de defensa en una discusión ideológica. Ahora, el mensaje empieza a cambiar.
Estados Unidos anunció la puesta en marcha del denominado Plan Patriota 2.0, una nueva iniciativa de cooperación militar y estratégica con Colombia que buscará combatir organizaciones terroristas, enfrentar las redes del narcotráfico y fortalecer las capacidades de seguridad y defensa del país.
Joseph Humire, funcionario estadounidense encargado de los asuntos de seguridad para el hemisferio, confirmó públicamente la intención de elevar la relación bilateral durante el próximo gobierno. “Colombia es históricamente uno de los socios de seguridad y defensa más fuertes de Estados Unidos. Bajo el liderazgo del presidente entrante Abelardo De la Espriella, planeamos llevar esta asociación a nuevos niveles con el Plan Patriota 2.0”, escribió en su cuenta de X.
No es una declaración menor. Colombia vuelve a ser reconocida como un aliado estratégico y no como un país que debe pedir disculpas por combatir a quienes secuestran, extorsionan, trafican cocaína, reclutan menores y controlan territorios mediante el miedo.
La seguridad vuelve al centro
El nombre escogido tampoco es casual. El primer Plan Patriota fue una de las principales operaciones militares desarrolladas durante el gobierno de Álvaro Uribe, con respaldo estadounidense, para recuperar zonas que durante años estuvieron bajo el dominio de las antiguas Farc. La estrategia estuvo vinculada a la Política de Seguridad Democrática y fue considerada una continuación operativa del Plan Colombia.
Hablar ahora de un Plan Patriota 2.0 envía una señal inequívoca. La seguridad volverá a ser una prioridad de Estado.
Sin embargo, el verdadero desafío no estará en el nombre ni en las fotografías tomadas en Washington, sino en su ejecución. Colombia necesita inteligencia, tecnología, movilidad aérea, control territorial, cooperación judicial y capacidad para perseguir las estructuras financieras que sostienen el narcotráfico y las organizaciones criminales.
También necesita una Fuerza Pública respaldada política y jurídicamente. No se les pueden exigir resultados a los soldados y policías mientras desde el poder se les señala, se les desautoriza o se les deja solos ante los tribunales y frente a organizaciones que no respetan ninguna regla.
La nueva iniciativa estaría acompañada por la creación de un centro regional contra el narcotráfico y por el ingreso de Colombia a una coalición continental orientada a enfrentar los carteles y sus redes transnacionales. Estos asuntos fueron discutidos durante las reuniones sostenidas en Washington entre integrantes del gobierno entrante y autoridades estadounidenses.
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Aun así, hay que decirlo con claridad. Hasta ahora se conoce el anuncio político y el diseño inicial de la cooperación. Todavía deberán conocerse los documentos, los recursos, los mecanismos de ejecución, las responsabilidades de cada país y los controles institucionales que tendrá el programa.
La cooperación internacional no significa entregar la soberanía. Bien administrada, significa utilizar las mejores capacidades disponibles para protegerla.
El narcotráfico dejó hace mucho tiempo de ser un problema exclusivamente colombiano. Sus capitales cruzan fronteras, sus rutas atraviesan varios continentes, sus armas llegan desde otros países y sus estructuras recurren a la tecnología, al lavado de activos y a las alianzas internacionales. Pretender enfrentarlo desde el aislamiento sería tan ingenuo como peligroso.
Colombia necesita aliados. Estados Unidos, con todos los debates que puedan existir alrededor de su política exterior, ha sido durante décadas el principal socio del país en inteligencia, entrenamiento, equipamiento y lucha contra las drogas.
Después de una relación bilateral golpeada por desencuentros diplomáticos y por la descertificación de Colombia en materia antidrogas durante el gobierno de Gustavo Petro, el Plan Patriota 2.0 representa un intento por reconstruir la confianza y recuperar una agenda común.
Para Abelardo De la Espriella, el anuncio también constituye una de sus primeras señales internacionales como presidente electo. Antes de posesionarse, su gobierno ya está marcando una diferencia al volver a llamar aliados a los aliados y amenazas a quienes realmente amenazan a los colombianos.
La prueba estará en los resultados
Seguramente vendrán críticas. Algunos hablarán de militarización, intervención extranjera o regreso al pasado. Es un debate legítimo y será indispensable exigir transparencia, respeto por los derechos humanos y resultados verificables.
Pero también será necesario preguntarles a quienes rechazan cualquier estrategia de seguridad qué alternativa ofrecen para las regiones sometidas por el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo y las demás estructuras que viven del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión.
La paz no puede consistir en permitir que los criminales se fortalezcan mientras el Estado retrocede.
El Plan Patriota 2.0 apenas comienza a tomar forma. Su éxito no podrá medirse por el número de anuncios, reuniones o comunicados, sino por las hectáreas liberadas del narcotráfico, los cabecillas capturados, los corredores criminales desmontados, las comunidades protegidas y los territorios recuperados.
Después de años de ambigüedad, Colombia vuelve a hablar el lenguaje de la autoridad. Ahora tendrá que demostrar que también sabe convertirlo en resultados.
